Alumnos de la secundaria Nelly Campobello se han sumado a las movilizaciones para impedir el desalojo de su escuela. Los estudiantes denuncian que el gobierno estatal pretende entregar a particulares los terrenos que han ocupado por 30 años

Texto: Jazmín Sandoval

Fotografía: Especial

CIUDAD DE MÉXICO. – El pasado miércoles 26 de febrero de 2026, la comunidad del fraccionamiento San Luis fue atacada bajo un sitio militar y policial. Fuerzas represivas de la Federación, del Estado y del Municipio de Durango se desplegaron con un solo objetivo: desalojar a los maestros y pobladores de los terrenos que pertenecen a sus escuelas y áreas destinadas para actividades recreativas de los estudiantes de la secundaria Nelly Campobello.

Con armas de alto calibre, personal del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía del Estado, apoyados por sus fuerzas de reacción inmediata, rodearon la zona. La Policía Estatal y Municipal también se sumaron a este operativo que buscaba desmantelar el plantón por la dignidad y la resistencia que la comunidad sostiene con firmeza.

«Llegaron con fusiles de alto calibre a encañonar a niños y mujeres… ¿por qué tanto miedo a una alberca y a un huerto escolar?”

El despliegue fue desproporcionado. Maestros y alumnos denuncian que las fuerzas especiales encañonaron a mujeres y niños en el mismo lugar donde diariamente se realizan actividades educativas. El terreno en disputa no es un lote baldío; es el espacio donde el COCOPO ha construido un huerto y una alberca para el desarrollo de los estudiantes.

Ante esta agresión, el Consejo Coordinador Obrero Popular (COCOPO) ha dejado claro que no retrocederá. Para ellos, este asedio es la continuación de una política de despojo que intenta destruir un proyecto social que ha costado décadas de esfuerzo, sudor y organización desde las bases, donde todo se ha construido con las manos de los habitantes.

Tres décadas de construcción popular

Para entender esta lucha, es necesario explicar qué es el COCOPO. Esta organización nació de las luchas populares de los años 70, con raíces en el Movimiento Independiente de la Laguna. Su principio siempre ha sido la autogestión: si el gobierno no da escuelas ni casas, el pueblo las construye organizado.

«No es un lujo, son necesidades”

El COCOPO ha levantado un complejo educativo que incluye guarderías, primarias, secundarias, preparatorias y hasta una universidad en zonas donde el Estado se olvidó. No son «paracaidistas»; son familias que han transformado terrenos abandonados en comunidades vivas con cultura, deporte y una pedagogía crítica que enseña a los niños a ser analíticos.

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La maestra Verónica Villarreal, dirigente de la organización, es un ejemplo de esta constancia. Ella ha caminado por estas calles desde que solo había caminos de tierra. Junto a su compañero de vida, el fallecido profesor Hilario Román, demostró que la organización es la única herramienta de los pobres contra el olvido.

El laberinto del despojo y el fraude

La problemática actual tiene un trasfondo de corrupción administrativa. Según documentos oficiales, en 2010 se gestionaron más de 19 millones de pesos de fondos federales (FONHAPO) para estas viviendas. Además, cada familia entregó 25 mil pesos adicionales al Instituto de la Vivienda (COESVI) para asegurar su patrimonio.

Sin embargo, las autoridades actuales dicen no reconocer esos pagos ni saber dónde quedó el dinero de la gente. En su lugar, han validado una dación en pago fraudulenta realizada en 2017, donde terrenos estratégicos fueron entregados a particulares para cubrir supuestas deudas del gobierno de apenas 80 mil pesos.

«Para el gobierno esto es un negocio de unos cuantos pesos, para nosotros es el espacio donde los hijos de los obreros aprenden que tienen dignidad».

La maestra Verónica relata que el director de COESVI, Jaime Fernández Saracho, admitió inicialmente que este movimiento era falso. Pero, bajo presión política, las instituciones cambiaron su versión para favorecer a Eduardo Estrada Curiel y Úrsulo Hernández, quienes pretenden adueñarse del espacio recreativo de los niños.

La fiscal Sonia Yadira de la Garza ha sido señalada por la organización como la responsable de usar a la policía para proteger intereses privados. En lugar de investigar el fraude financiero, la fiscalía ha actuado como una «escolta privada» para ejecutar el desalojo en contra de la comunidad educativa.

El asedio a la educación crítica

Este no es el primer intento de destruir al COCOPO. En 2003, el gobierno estatal intentó sobornar a los dirigentes ofreciéndoles camionetas, viajes y dinero a cambio de desalojar a la gente y tumbar las escuelas. «Nos dijeron: ‘Vamos a repartirnos el botín y sacamos a la gente jodida’… nosotros dijimos que no nos vendíamos, que eso solo lo veíamos en las películas de Cantinflas, no en la vida real». Al negarse, Verónica Villarreal y el profesor Nobel Galván fueron encarcelados en un penal de alta peligrosidad.

En aquel entonces, el gobierno inventó delitos y aplicó la llamada «ley del tumulto» para mantenerlos presos durante un año. Pero el plan falló: los niños y jóvenes de ese entonces tomaron las escuelas y defendieron sus aulas mientras sus maestros estaban en la cárcel.

«Esos niños que en 2003 defendieron la escuela mientras nosotros estábamos presos, hoy son los maestros que están aquí parados en el plantón”.

La organización ha logrado un relevo generacional donde los hijos de los obreros ahora son directores y docentes que enseñan con el ejemplo de la dignidad y la solidaridad de clase.

«El plantón no se mueve. Pueden traer al ejército, pero no pueden quitarnos treinta años de historia».

Las calles como último recurso

Ante la «cerrazón» de las autoridades estatales, el COCOPO llevó su protesta el día viernes 13 al Centro Histórico de Durango. Integrantes de la organización marcharon por las calles 5 de Febrero y 20 de Noviembre, denunciando que el gobierno estatal prefiere usar la fuerza que sentarse a revisar la legalidad de los terrenos.

Nobel Galván, dirigente de la organización, señaló durante la movilización que el conflicto involucra aproximadamente mil metros cuadrados de áreas recreativas. Además, hay otros 500 metros cuadrados que son vitales para las actividades deportivas de los estudiantes de secundaria y preparatoria de la zona.

La manifestación culminó en un plantón en la Plaza Cuarto Centenario, donde se emitieron consignas en contra del despojo. La organización advirtió que la inversión en estos espacios educativos ha superado los 20 millones de pesos a lo largo de los años, recursos que son fruto del trabajo comunitario.

Debido a la falta de respuesta en Durango, se tiene prevista una reunión en la Ciudad de México con la Secretaría de Gobernación y autoridades del sector educativo nacional para exigir que la Federación intervenga y detenga el abuso de autoridad que se vive en el estado.

Dignidad frente a los fusiles

A pesar de la presencia constante de patrullas y amenazas, el plantón en el fraccionamiento San Luis se mantiene. Las maestras y maestros duermen en el lugar, cuidando el huerto y la alberca, convencidos de que el terreno de los niños no se vende ni se negocia con la corrupción.

La exigencia es clara para el gobernador Esteban Villegas y para la presidenta Claudia Sheinbaum: restitución inmediata de los terrenos y una investigación profunda sobre el destino de los millones de pesos que las familias entregaron a las instituciones de vivienda.

El COCOPO ha demostrado ser una organización de masas que no se dobla ante el miedo. Su lucha no es solo por unos metros de tierra, sino por el derecho de los hijos de los trabajadores a tener un espacio digno para estudiar, jugar y crecer con libertad.

La maestra Verónica Villarreal asegura que no se siente cansada después de casi 30 años de lucha. Para ella, cada niño que aprende en sus aulas es una victoria sobre el sistema. La resistencia sigue en pie, recordándole al Estado que “la dignidad de un pueblo organizado es más fuerte que cualquier arma de alto calibre”.

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