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Pie de Página 14 Mar, 2026 21:25

Justicia para Eloxochitlán, lenta pero implacable: «Lo que queremos es que se detenga esta persecución»

Un tribunal federal determinó que el delito de tentativa de homicidio denunciado por Elisa Cepeda no existió. La resolución reabre el debate sobre los procesos penales iniciados tras los hechos de 2014 en Eloxochitlán de Flores Magón y sobre una persecución judicial que ha afectado a decenas de familias

Texto: Camilo Ocampo

Fotografía: Alejandro Ruiz / Archivo Pie de Página

CIUDAD DE MÉXICO. – Para la comunidad mazateca de Eloxochitlán de Flores Magón, después de más de una década, la justicia comienza a abrirse paso, lenta pero implacable. Luego de la sentencia federal, derivada del amparo 631/2022 obtenido por el anarquista Miguel Peralta, la cual determinó que las acusaciones contra integrantes de la comunidad por tentativa de homicidio contra la diputada Elisa Cepeda carecen de sustento, al establecer que el delito señalado nunca ocurrió y que los testimonios utilizados para sostenerlo presentan falta de sinceridad.

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Para la comunidad, este fallo representa un paso clave para desmontar lo que durante años han denunciado como un proceso de fabricación de delitos y persecución judicial en su contra, producto de la defensa de su territorio y su autonomía.

Sin embargo, su lucha continúa, pues aún pesan 200 órdenes de aprehensión contra la comunidad y el asedio no ha cesado.

El proceso de lucha

La lucha en la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón se remonta a 2011, cuando más de 50 familias denunciaron la extracción de materiales pétreos del río Xangá Ndá Ge y comenzaron un proceso de resistencia.

Pero los hechos con los cuales comenzó la persecución se sitúan a partir de diciembre de 2014. En ese mes ocurrió una balacera contra una asamblea comunitaria que dejó seis personas heridas. Los hechos quedaron asentados en una averiguación previa de la Fiscalía de Oaxaca que, de acuerdo con las familias, nunca fue consignada ante un juez.

Después de ese episodio, se fabricaron procesos penales por delitos de alto impacto contra personas defensoras del territorio y representantes comunitarios, entre ellas ocho mujeres; también comenzaron campañas mediáticas para deslegitimar su lucha.

Desde entonces, las más de 50 familias han enfrentado prisión preventiva excesiva y prolongada, desplazamiento forzado y diversas afectaciones a su vida comunitaria.

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Durante más de una década, las mujeres de la comunidad han impulsado una defensa jurídica que ha obtenido diversas resoluciones favorables. Entre ellas, más de 25 amparos ganados que beneficiaron a más de treinta personas, 24 autos de libertad por el delito de tentativa de homicidio atribuido a Elisa Zepeda Lagunas, así como 24 autos de libertad y una sentencia absolutoria en el proceso por el homicidio de Manuel Zepeda Lagunas.

También se han dictado 15 resoluciones que establecen la prescripción del delito de daños y cinco autos de libertad por el delito de robo. A pesar de estos resultados judiciales, las familias señalan que la persecución continúa y que el desgaste para quienes enfrentan los procesos sigue siendo alto.

Para comprender más el panorama, la abogada y defensora Argelia Betanzos, en entrevista, explica cuál es la situación actual de la persecución contra la comunidad y lo que representa la sentencia emitida por el Tribunal Federal de Oaxaca.

De acuerdo con lo dado a conocer por la abogada, la actual diputada Elisa Cepeda habría participado directamente en la construcción de acusaciones que derivaron en procesos penales contra decenas de personas de la comunidad.

Según relató, la propia Cepeda señaló a 34 personas por tentativa de homicidio en su contra, entre ellas seis mujeres. Además, acusó a ese mismo número de personas por el homicidio de su hermano, Manuel Cepeda Laguna, y a tres personas más por tentativa de homicidio contra su madre.

Las declaraciones que realizó, explicó la abogada, fueron utilizadas inicialmente por la entonces Procuraduría General del Estado —hoy Fiscalía— y posteriormente por jueces para sostener las acusaciones penales.

Una sentencia clave después de 12 años

Con respecto a la sentencia emitida, explicó, los magistrados determinaron que los testimonios utilizados para sustentar la acusación por tentativa de homicidio contra Cepeda carecen de sinceridad, una expresión jurídica que, en términos simples, significa que no resultan creíbles.

Para la comunidad, este reconocimiento llega demasiado tarde.

“Es una infamia que hayan pasado 12 años para que una autoridad judicial reconozca que la narrativa era falsa”, señaló Betanzos.

Delitos de lesa humanidad

La abogada sostuvo que lo ocurrido en Eloxochitlán de Flores Magón no puede entenderse únicamente como un conflicto local, sino como un caso de persecución política que encuadra en delitos de lesa humanidad.

En su explicación citó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, cuyo artículo 7 define este tipo de crímenes. Entre ellos se incluyen la persecución de grupos por motivos políticos o culturales, la tortura y la privación grave de la libertad en violación del derecho internacional.

Según su interpretación, agentes del Estado y diversas instituciones habrían actuado de manera coordinada para criminalizar a la comunidad.

“Se buscó desarticular a la comunidad, causarle daño e incluso su exterminio”, afirmó.

Reactivación de órdenes de aprehensión

Un ejemplo de esta persecución, señaló, fue la reactivación de alrededor de 200 órdenes de aprehensión contra integrantes del mismo grupo comunitario, ocurrida el año pasado.

De acuerdo con su relato, la reactivación no ocurrió en tribunales locales, sino en una sala estatal, lo que —según sostuvo— implicaría autorización del gobierno encabezado por Salomón Jara.

Para quienes participan en la lucha por la libertad, este hecho demuestra que no se trata de decisiones aisladas de actores locales.

Avances parciales en tribunales

En total, explicó, contra integrantes de la comunidad se fabricaron seis acusaciones distintas. Hasta ahora, aproximadamente el 75 % de las personas procesadas han obtenido su libertad.

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Sin embargo, señaló que en la mayoría de esos casos los jueces concluyeron únicamente que no había pruebas suficientes para demostrar que las personas acusadas cometieron los delitos, pero sin cuestionar la existencia de los hechos denunciados.

La sentencia reciente representa un cambio importante porque, por primera vez, un tribunal estableció que el delito de tentativa de homicidio contra Elisa Cepeda simplemente no existió.

“Ya no solo dicen que los compañeros no fueron. Ahora dicen que el hecho nunca ocurrió”.

No obstante, la resolución aún sostiene que el homicidio de Manuel Cepeda sí ocurrió, aunque sin responsabilizar a las personas acusadas, algo que la comunidad considera contradictorio.

Exigen frenar la persecución

A partir de esta sentencia, la abogada señaló que se inició una campaña pública y legal para exigir responsabilidades políticas.

Entre las acciones contempladas se encuentra la presentación de denuncias ante el partido Morena y la promoción de un posible juicio político.

Sin embargo, aclaró que el objetivo central no es únicamente retirar a Cepeda del cargo.

“Lo que queremos es que se detenga esta persecución y que terminen los crímenes de lesa humanidad contra nuestra comunidad”, señaló.

Cuestionan versión oficial sobre muertes

Finalmente, Betanzos cuestionó también la narrativa oficial sobre los hechos ocurridos el 14 de diciembre de 2014, fecha en la que diversos reportes mediáticos hablaron de dos personas fallecidas.

De acuerdo con su versión, no existe evidencia pericial que demuestre que esas muertes ocurrieron en el contexto de una trifulca en la comunidad, ni registros como acordonamiento del lugar, levantamiento fotográfico o cadena de custodia.

Por ello, consideró que parte del proceso de esclarecimiento también deberá desmontar esa versión. “En algún momento se tendrá que decir con claridad: esa historia también fue fabricada”, concluyó.

Para la comunidad, la exigencia es clara: frenar la persecución y que se reconozcan los hechos tal como sucedieron. Y Argelia finaliza:

“Es muy pesada la carga que el Estado impone, pero le hemos sabido demostrar que nuestros corazones son más grandes y que nuestro amor entre nosotras como familias es mayor a su perversidad”.

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