La aprobación del nuevo presupuesto de Japón para el ejercicio fiscal 2026 supone un punto de inflexión en la política económica y de seguridad del país. Con un volumen total de 122,3 billones de yenes (unos 664.000 millones de euros), las cuentas impulsadas por la primera ministra Sanae Takaichi no solo representan el mayor gasto de la historia japonesa, sino también una señal clara de cambio estratégico ante un entorno internacional cada vez más inestable.
La tramitación de estas cuentas ha sido, en sí misma, significativa. Por primera vez en más de una década, el presupuesto fue aprobado después del inicio del año fiscal, reflejo de las tensiones políticas internas tras las elecciones anticipadas convocadas por Takaichi. Aunque la Cámara Baja —dominada por el gobernante Partido Liberal Democrático— dio luz verde al plan con relativa rapidez, la Cámara Alta obligó a un mayor escrutinio y retrasó su aprobación definitiva.
Este contexto político ha evidenciado una dualidad: un Ejecutivo con capacidad de imponer su agenda en la Cámara Baja, pero con limitaciones en la Alta que obligan a negociar y ajustar tiempos.
Uno de los elementos más destacados del presupuesto es el aumento del gasto en defensa, que alcanza cerca de 9 billones de yenes (unos 49.000 millones de euros). Este incremento responde a un entorno de seguridad cada vez más complejo, marcado por las tensiones con China y Corea del Norte, así como por la incertidumbre en otras regiones clave.
El refuerzo militar forma parte de una estrategia más amplia para modernizar las capacidades defensivas de Japón, tradicionalmente limitadas por su marco constitucional pacifista. En este sentido, el plan de Takaichi apunta a una evolución progresiva hacia un papel más activo en seguridad regional, en línea con compromisos adquiridos con aliados como Estados Unidos.
El peso de la deuda y las dudas del mercado
A pesar del foco en defensa, el presupuesto mantiene un fuerte componente social. Más de 39 billones de yenes —alrededor del 32% del total— se destinan a seguridad social, lo que refleja el impacto del envejecimiento demográfico, uno de los mayores desafíos estructurales del país.
Además, el Gobierno incluye medidas orientadas a aliviar la presión económica sobre los hogares, como la gratuidad de la educación secundaria y ayudas a nivel local. Estas políticas buscan sostener el consumo interno en un contexto de inflación persistente y crecimiento moderado.
El ambicioso gasto público tiene, sin embargo, un coste evidente. Japón mantiene la mayor deuda pública entre las grandes economías, superando el 250% del PIB. Para financiar este presupuesto, el Ejecutivo prevé emitir cerca de 30 billones de yenes en nuevos bonos, lo que ha generado inquietud en los mercados.
El aumento reciente de los rendimientos de la deuda soberana refleja estas preocupaciones. Los inversores temen que una política fiscal expansiva, combinada con una inflación por encima del objetivo del 2% del Banco de Japón, complique la estabilidad financiera y limite el margen de maniobra del banco central.
Geopolítica y vulnerabilidad energética
El contexto internacional añade otra capa de complejidad. Japón depende en gran medida de las importaciones energéticas, especialmente del petróleo procedente de Oriente Próximo. En este sentido, la situación en el estrecho de Ormuz —por donde transita la mayor parte de ese suministro— se ha convertido en un factor clave para su seguridad económica.
La combinación de tensiones en Asia Oriental y conflictos en Oriente Próximo refuerza la percepción de vulnerabilidad estratégica, lo que explica en parte el giro hacia un mayor gasto en defensa.
El presupuesto aprobado refleja una apuesta clara por estimular la economía, reforzar la seguridad nacional y responder a desafíos estructurales como el envejecimiento poblacional. Sin embargo, también pone de manifiesto un equilibrio cada vez más delicado entre expansión fiscal y sostenibilidad a largo plazo.
Mientras el Gobierno defiende que estas inversiones sentarán las bases del crecimiento futuro, los críticos advierten de que la acumulación de deuda y las presiones inflacionarias podrían limitar la capacidad de respuesta ante futuras crisis económicas. @mundiario