Cataluña fue pionera en la Formación Profesional privada a distancia y ahora se encuentra en una posición paradójica: es la comunidad que más ha impulsado este modelo y también una de las primeras que intenta poner límites a su crecimiento. El cambio llega después de años de expansión, mientras las administraciones reciben reclamaciones relacionadas con las prácticas, las evaluaciones, la atención docente y las condiciones ofrecidas por algunos centros.
La FP online nació en Cataluña en 2012 con una regulación muy limitada. Desde entonces, el modelo ha encontrado un público creciente entre personas adultas que trabajan, tienen responsabilidades familiares o necesitan una vía más flexible para obtener una titulación. La pandemia aceleró todavía más esa transformación y convirtió la formación a distancia en una pieza cada vez más importante del sistema.
El crecimiento, sin embargo, ha abierto una cuestión que va más allá de la comodidad de estudiar desde casa: ¿cómo se garantiza que una enseñanza concebida para ser flexible mantiene los mismos estándares cuando aumenta de forma acelerada el número de alumnos? Esa es precisamente la pregunta que ha empujado a la Generalitat a intentar ordenar un sector en el que Cataluña concentra una parte muy significativa del alumnado nacional.
El Ministerio de Educación contabilizó en el curso 2024-2025 más de 220.000 estudiantes de FP a distancia entre los ciclos de grado medio y superior, con un peso especialmente elevado en los grados superiores. El conjunto de la FP, además, siguió creciendo hasta superar los 1,2 millones de matriculados en el curso 2025-2026.
Cataluña quiere corregir los desequilibrios de la FP ‘online’
El Govern lleva años intentando establecer unas reglas específicas para los centros privados que imparten estos estudios. El primer intento, en 2021, terminó en los tribunales y la regulación fue anulada posteriormente por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tras los recursos presentados por empresas del sector, entre ellas Ilerna.
La Generalitat volvió a la carga con un nuevo proyecto. Entre las medidas planteadas aparece una reducción de la ratio máxima de alumnado por profesor, controles sobre la cualificación y dimensión de los equipos docentes, mayores exigencias de transparencia y garantías relacionadas con las prácticas profesionales.
Uno de los puntos más sensibles afecta precisamente a los exámenes. El proyecto catalán contempla que las pruebas presenciales de los centros autorizados en Cataluña se desarrollen dentro de la comunidad. El asunto tiene especial relevancia para Ilerna, uno de los grandes operadores del sector y un centro que ha captado alumnos de diferentes territorios gracias al atractivo de la modalidad. El Consejo de Educación de Cataluña llegó a debatir específicamente esta cuestión durante la tramitación del decreto.
El escenario, sin embargo, ha cambiado con la intervención del Estado. El Gobierno prepara un real decreto que establecerá unas condiciones comunes para los centros privados de FP y que afecta directamente al funcionamiento de la enseñanza virtual.
El nuevo escenario obliga a replantear el modelo
El proyecto estatal introduce una transformación especialmente relevante: la FP virtual dejará de descansar en un modelo prácticamente desvinculado del aula física. La propuesta establece entre un 15% y un 39% de presencialidad obligatoria, además de la formación en empresas, mientras que la modalidad semipresencial tendrá entre un 40% y un 60% de actividad lectiva presencial.
También cambia la relación entre profesores y alumnos. El límite máximo previsto para la modalidad virtual será de 80 estudiantes por docente en el curso 2028-2029 y de 50 en 2030-2031. El objetivo es reducir progresivamente unas ratios que han sido uno de los principales puntos de fricción del sector.
La otra gran cuestión son las prácticas. La nueva regulación pretende que los centros acrediten que pueden ofrecerlas, una exigencia especialmente sensible en titulaciones sanitarias y en aquellas profesiones que requieren competencias prácticas específicas. El propio Ministerio ha señalado que estas áreas tendrán una exigencia presencial particular.
Para Cataluña, esto significa que el decreto autonómico ya preparado tendrá que convivir con una norma estatal de rango superior. El Govern ha optado por esperar antes de culminar su propia regulación, una decisión que puede obligar a revisar parte del texto para evitar contradicciones y reducir el riesgo de nuevos conflictos judiciales.
El crecimiento ha convertido la calidad en el principal campo de batalla
El problema de fondo no es que la FP online haya crecido. Su expansión responde también a una demanda real. La flexibilidad permite estudiar a personas que difícilmente podrían seguir un horario presencial convencional y ha abierto una puerta educativa para trabajadores y adultos con obligaciones familiares.
La tensión aparece cuando esa flexibilidad se enfrenta a la necesidad de garantizar prácticas, seguimiento docente y evaluación fiable. El Ministerio de Educación ha recogido durante años el aumento de la FP a distancia y sus estadísticas muestran que ya constituye una parte relevante del sistema.
Ahí se encuentra el verdadero desafío para Cataluña: regular un mercado que ya se ha consolidado sin destruir las ventajas que explican su demanda. Si los controles aumentan demasiado, los centros tendrán que asumir mayores costes y los estudiantes podrían encontrar una oferta menos flexible. Si los controles son insuficientes, persistirá el debate sobre si determinados modelos de enseñanza pueden garantizar la misma preparación práctica que exige una titulación profesional.
Las reclamaciones de estudiantes y las denuncias sobre prácticas, tutorías, evaluación o atención docente han contribuido a colocar estas cuestiones en el centro del debate. La regulación estatal pretende precisamente establecer un suelo común de calidad, mientras Cataluña parte de una experiencia previa mucho más prolongada con este tipo de centros.
La disputa, por tanto, ya no gira únicamente alrededor de cuántos alumnos puede tener una clase virtual. Lo que está en juego es qué significa obtener una titulación oficial cuando buena parte del proceso formativo se desarrolla detrás de una pantalla.
Cataluña fue uno de los territorios que abrió esa puerta. Ahora intenta ser también uno de los primeros en colocar un marco alrededor de ella. El nuevo decreto estatal puede cambiar las reglas del juego, pero la experiencia catalana demuestra que el reto no consiste únicamente en aprobar una norma: habrá que comprobar después que las condiciones exigidas existen realmente y que llegan tanto a las aulas como a las prácticas y a las evaluaciones. @mundiario
