ACAPULCO, Gro., 7 de abril de 2026.- El presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan Pablo Albán Alencastro respondió al posicionamiento del Gobierno de México y puntualizó que el análisis del organismo sobre este país evaluó la evolución del fenómeno de desapariciones hasta la actualidad, con base en información acumulada desde 2012.
Quadratín Guerrero informó que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum reiteró su rechazo al informe del comité de la ONU, porque consideró que presenta fallas metodológicas, omite observaciones del gobierno federal y confunde la desaparición forzada.
Al respecto, Albán Alencastro explicó que esta evaluación incluye datos recientes que reflejan la magnitud del problema en el país, como el registro de más de 132 mil 400 personas desaparecidas al 19 de febrero de 2026, así como el incremento en restos humanos sin identificar, que ascienden a aproximadamente 72 mil restos, a inicios de este año.
Desde su cuenta de X, defendió el alcance y fundamento de la decisión del organismo internacional sobre las desapariciones en este país.
Señaló que las diferencias entre el comité y el gobierno mexicano son parte del diálogo internacional, pero llamó a mantener el respeto institucional.
El jurista ecuatoriano, quien también ha sido vocal del Consejo de la Judicatura Transitorio de Ecuador, integrante del Instituto Interamericano de Política Criminal y experto extranjero de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia, compartió datos actualizados sobre la magnitud del fenómeno en México.
“El Comité considera que el número de personas desaparecidas registradas, más de 132 mil 400 al 19 de febrero de 2026, y su constante aumento son en sí mismos indicios de la magnitud del fenómeno a nivel nacional, sin que se vislumbre una tendencia inversa”, expuso.
Añadió que también se identificó un incremento en restos humanos sin identificar.
“A inicios de 2026, las cifras oficiales estiman alrededor de 72 mil restos humanos sin identificar, en comparación con 52 mil en 2021”, indicó.
El exfuncionario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos detalló que el procedimiento aplicado en el caso mexicano está sustentado en la Convención Internacional.
“Cuando el Comité recibe información que contiene indicios bien fundados de desapariciones forzadas de carácter generalizado o sistemático, puede llevar urgentemente la cuestión a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas”, señaló.
El doctor en jurisprudencia aseguró que los órganos de tratado sí forman parte del sistema de Naciones Unidas y que su función es supervisar el cumplimiento de obligaciones internacionales de los Estados.
El presidente del Comité contra la Desaparición Forzada reelecto en 2025 para un periodo que concluye en 2029, precisó que los expertos son designados por los propios Estados parte y actúan con independencia.
“Los integrantes de los órganos de tratado somos elegidos por los propios Estados partes. Actuamos con independencia, pero no al margen del Sistema de las Naciones Unidas”, señaló.
Subrayó que la decisión reciente no se limita a un periodo específico, en contraste con los argumentos del gobierno federal. “El análisis del comité no se limita a un periodo cerrado… examina la evolución de la situación hasta la actualidad, a la luz de las interacciones que hemos tenido con el Estado desde 2012”, puntualizó.
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