nullLos efectos negativos de la reforma judicial se hacen visibles en los tribunales federales y locales: Alrededor del 60 por ciento de los juzgadores especializados en materia civil y familiar dejaron sus cargos como consecuencia del proceso electoral, lo cual ha sido reconocido por el senador Javier Corral.
El escenario es preocupante, más cuando el Poder Judicial tiene la tarea enorme de poner en marcha el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que establece un sistema oral basado en audiencias (preliminar y de juicio), lo cual impone una lógica de agilidad, concentración y preclusión estricta. Esta fuga de talento no solo paraliza la implementación del nuevo sistema, sino que desmantela años de especialización técnica a costa de la justicia cotidiana de los ciudadanos.
La falta de experiencia ya provoca desconfianza en las decisiones judiciales; eso se refleja en los 129 procedimientos administrativos tramitados ante el Tribunal de Disciplina Judicial, derivados de quejas de los justiciables que pretenden cuestionar criterios jurídicos. Sin embargo, la labor de ese tribunal es sancionar conductas, no ser un órgano revisor en segunda instancia.
Sin juzgadores expertos, la justicia en México enfrenta una de las mayores crisis que ha vivido en años. Desafortunadamente, estamos lejos de que el panorama mejore.
