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CódigoQro 07 Apr, 2026 18:35

PRI acusa persecución y respalda a diputado federal tras señalamientos

La lideresa estatal del PRI en Querétaro, Abigail Arredondo Ramos, demandó que todo señalamiento contra el diputado federal Mario Calzada sea demostrado con pruebas

La diputada federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Abigail Arredondo Ramos, acusó una persecución política contra su compañero Mario Calzada Mercado, luego de los señalamientos sobre el uso de una concesión de agua en Querétaro, y exigió que cualquier acusación sea sustentada con pruebas.

En conferencia de prensa, la también presidenta estatal del PRI indicó que el respaldo al legislador fue expresado en una rueda de prensa nacional, donde la bancada priista acompañó a Calzada Mercado, quien aseguró contar con documentación que acredita la legalidad de la concesión.

Cabe recordar que en aquel momento, el diputado reconoció ser titular del permiso y utilizar el recurso en una zona residencial con campo de polo, además de contar con pipas para su distribución, pero negó que exista alguna irregularidad en estas actividades.

Por su parte, Arredondo Ramos cuestionó que los señalamientos se hayan realizado desde la conferencia matutina del gobierno federal, encabezada por Claudia Sheinbaum, al considerar que se utilizan estos espacios para emitir acusaciones sin seguimiento.

“La presidenta dedicó varios minutos a señalar, pero no se informa en qué concluyen estos casos. Si hay pruebas, que se actúe”, afirmó.

Sostuvo que este tipo de pronunciamientos colocan a la oposición en desventaja y contribuyen a construir una narrativa oficial que, dijo, no siempre se traduce en procesos legales.

La legisladora también reiteró que Mario Calzada solicitó públicamente una reunión con la Comisión Nacional del Agua para revisar su caso, lo que consideró una muestra de disposición para esclarecer los hechos.

Asimismo, calificó los señalamientos como un “daño colateral” dirigido a afectar al PRI en el contexto político nacional.

Finalmente, insistió en que las autoridades deben investigar y resolver conforme a derecho, al advertir que el uso político de acusaciones puede afectar la credibilidad institucional y el equilibrio democrático.

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