Legalidad en el comercio exterior
La Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM), que preside José Ignacio Zaragoza Ambrosi, dio un paso relevante en la protección de la propiedad intelectual vinculada al comercio exterior, esto al firmar un convenio con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), dirigido por Santiago Nieto Castillo.
El propósito es fortalecer los mecanismos de vigilancia y legalidad en las operaciones que cruzan las aduanas del país. El acuerdo, suscrito en las instalaciones del Instituto, establece un esquema de intercambio de información entre ambas instituciones. La intención es fortalecer el sistema aduanero mexicano mediante herramientas que permitan compartir datos de forma oportuna y efectiva.
El convenio también contempla el uso de herramientas tecnológicas, bases de datos compartidas y reportes operativos para mejorar la trazabilidad de las mercancías. Con ello se busca identificar el uso de marcas en operaciones de comercio exterior y detectar posibles vulneraciones a los derechos de propiedad intelectual.
Otro punto relevante es la participación de los Agentes Aduanales en tareas de prevención, investigación y coadyuvancia frente a infracciones administrativas relacionadas con mercancías que ingresan o salen del país.
La meta es contar con información oportuna, estructurada y verificable sobre la titularidad y licenciamiento de marcas vinculadas a operaciones de comercio exterior. El convenio también aporta mayor certidumbre al comercio internacional, ya que las mercancías importadas a través de agentes aduanales afiliados a CAAAREM contarán con mayores garantías de autenticidad, cumplimiento normativo y apego a la legalidad vigente.
Este acuerdo también confirma el avance de los Agentes Aduanales en procesos de digitalización del comercio mexicano y de los procedimientos aduaneros, lo que contribuye a simplificar las operaciones.
Sin duda, ambos organismos fortalecen la coordinación institucional para proteger la legalidad en el comercio exterior, combatir prácticas ilícitas como la piratería y garantizar condiciones de competencia justa para la industria nacional.
*** Elam y FAW bajo la lupa
En Palacio Nacional comenzaron a revisar con lupa el contrato cancelado por 2,339 millones de pesos que involucraba a la ensambladora Elam y a los camiones de la marca china FAW. La presidenta Sheinbaum dejó claro que no quiere zonas grises en las contrataciones públicas y encargó la tarea a la Secretaría Anticorrupción.
La instrucción llegó directa a la oficina de Raquel Buenrostro Sánchez, quien ya tiene experiencia en rastrear irregularidades administrativas y revisar procesos de adjudicación que levantan cejas dentro del gobierno federal.
El acuerdo contemplaba la entrega de más de mil camiones para transporte de personal y carga, pero terminó cancelado tras detectarse incumplimientos del proveedor y cuestionamientos sobre la ejecución del contrato. En los pasillos del gobierno se comenta que la revisión buscará algo más que deslindar responsabilidades: también medir qué tan sólidos fueron los controles en el proceso y si hubo presiones externas.
En ese tablero, la revisión encabezada por Buenrostro podría convertirse en un mensaje político claro: en la nueva administración, incluso los contratos heredados o incómodos tendrán que pasar por la lupa anticorrupción.
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