MÉXICO.- La Cámara de Diputados aprobó este miércoles en lo general el llamado “plan B” de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La reforma modifica los artículos constitucionales 115, 116 y 134 con tres objetivos principales: reducir los presupuestos de los congresos estatales, limitar el número de regidores en los ayuntamientos y topes a las remuneraciones de consejeros y magistrados electorales para que ninguna supere el salario de la titular del Ejecutivo federal.
La votación se llevó a cabo tras cuatro horas y media de debate en el Palacio Legislativo de San Lázaro; la minuta enviada por el Senado fue aprobada sin modificaciones con 377 votos a favor, provenientes de Morena, Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el respaldo de Movimiento Ciudadano (MC).
En contra votaron 102 legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
#AlMomento | Se aprueba, en lo general, el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Reforma Política-Electoral, por el que se reforma la Constitución Política. pic.twitter.com/MeedJDyiYl
— H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) April 8, 2026
¿Qué cambiará con la reforma constitucional?
- Presupuesto de los congresos estatales (Artículo 116) La reforma obligará a que los congresos de las entidades federativas no ejerzan fondos mayores al 0.70 por ciento del presupuesto total de cada estado.
El diputado petista Amadeo Espinosa Ramos precisó que actualmente el gasto promedio de estos poderes legislativos locales es de 0.73 por ciento, lo que equivale a 23 mil 373 millones de pesos de un total de 3.2 billones. La diferencia entre el gasto actual y el esperado con la reforma sería de 0.03 por ciento.
- Remuneraciones de autoridades electorales (Artículo 134) La enmienda establece que los consejeros y magistrados electorales de todos los niveles (federal y local) no podrán recibir percepciones mayores a las que tiene asignadas la presidenta de la República.
- Número de regidores en los municipios (Artículo 115) La reforma fija en un máximo de 15 el número de regidores que podrá tener cada municipio del país. El objetivo declarado por el bloque mayoritario es garantizar cabildos funcionales y reducir el gasto corriente de los ayuntamientos.
La defensa del “plan B”: Austeridad como principio ético
Desde la tribuna, el diputado del Partido del Trabajo, Amadeo Espinosa Ramos, defendió la propuesta del Ejecutivo federal, señaló que la reforma busca instaurar la austeridad republicana como el principio ético más importante en el ejercicio del poder.
“Permitirá romper con las estructuras de privilegio que durante décadas distorsionaron el uso de los recursos públicos”, afirmó el legislador.
Espinosa Ramos también indicó que los recursos liberados por estas medidas se destinarán a tres rubros: construcción de infraestructura, financiamiento de programas sociales e impulso al desarrollo regional.
Enfatizó que la austeridad no representa un castigo ni una política de recorte sin sentido, sino una decisión ética y política para terminar con los excesos
En el mismo sentido, el diputado morenista Leonel Godoy reprochó a la oposición haber calificado la iniciativa como una “ocurrencia” e incluso como “basura”.
Godoy comparó a los actuales opositores con lo que en su momento se decía de los perredistas: que eran “los diputados del no”.
Dirigiéndose a los legisladores del PAN y del PRI, Godoy sentenció: “No va a haber ningún plan que les guste, ni el plan A, ni el B, ni el C, ni el Z, ningún plan les va a gustar, porque no les embona nada, como dijo Enrique Peña Nieto”.
La frase provocó risas en la tribuna. A un lado del orador, el diputado migrante Aniceto Polanco secundó entre risas: “¡Ningún chile les embona!”.
El presidente morenista de la Comisión de Puntos Constitucionales Leonel Godoy le reclama a la oposición su postura en “contra de todo”
— Isabel Uribe (@Isa_Uribe) April 8, 2026
“Ningún Plan les va a gustar porque NO les embona nada” pic.twitter.com/AmCJDNIKuK
La postura de la oposición: “El ahorro es un mito”
El priísta Emilio Suárez Licona fue el encargado de argumentar en contra del dictamen. Su crítica se centró en tres puntos fundamentales.
Primero, alertó que la propuesta busca imponer desde el centro la manera en que deben integrarse los ayuntamientos, lo que desconoce su autonomía y trastoca la división de poderes.
Segundo, lamentó que la reforma debilita a las instituciones electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, afectando las condiciones de certeza e imparcialidad de la vida democrática del país.
Tercero, y quizá el punto más debatido, calificó los supuestos ahorros como un “mito”. Suárez Licona presentó las siguientes cifras durante su intervención:
- En México existen 2 mil 478 municipios.
- Actualmente hay 16 mil 899 regidurías en todo el país.
- En el 44.8 por ciento de los municipios hay menos de siete regidores.
- Solo en 59 municipios (2.4 por ciento del total) hay más de 15 regidores.
Basándose en estos números, el legislador priísta calculó que la reforma eliminaría únicamente 703 regidurías, lo que representa apenas el 4.2 por ciento del total nacional.
“¿Dónde queda el ahorro? Son aproximadamente 11 mil millones de pesos divididos entre los municipios afectados, es decir, 536 mil pesos por municipio. ¿Qué transformación puede lograrse con una cifra así?”, cuestionó.
Desde la bancada panista, la diputada Laura Cristina Márquez reforzó los cuestionamientos numéricos presentados por el PRI.
Afirmó que el dictamen emana de las ocurrencias de Palacio Nacional y no es resultado de un diagnóstico ni de una necesidad real de la ciudadanía.
Márquez coincidió en que solo se reducirían regidores en 59 municipios, según sus cálculos, se recortarían aproximadamente 190 regidurías de las casi 17 mil que existen en el país. Lo mismo sucedería con los síndicos, con otros 190 cargos menos.
“Entonces, de 18 mil 600 cargos, se recortarían más o menos 380. Presupuestariamente hablando no impactaría en nada a los municipios”, declaró.
En cuanto al límite de 0.7 por ciento del presupuesto para los congresos estatales, la legisladora panista ofreció proyecciones más detalladas.
Señaló que solamente la mitad de las entidades se vería impactada por esta medida. En esos 16 estados, los ahorros proyectados por especialistas sumarían mil 180 millones de pesos.
La diputada cerró su intervención con un cálculo concreto: esa cantidad, repartida entre 2 mil 400 municipios para servicios públicos, obra pública y programas sociales, representaría en promedio 491 mil pesos por municipio. Una cifra que, en sus palabras, “no alcanza ni para que tapen una coladera”.
Tensión en el Pleno: Gritos de “chapulín” y “narcopolíticos”
Antes de que se realizara la votación en lo general, legisladores de la mayoría y de la oposición protagonizaron un cruce de insultos desde sus curules.
Los morenistas y sus aliados calificaron al panista Germán Martínez Cázares como “chapulín”. El aludido respondió con el mote de “narcopolíticos”.
??? "A nosotros no nos embona nada": Panista estalla vs Leonel Godoy en San Lázaro
— Político MX (@politicomx) April 8, 2026
El diputado de @AccionNacional, Germán Martínez Cázares, arremetió contra @leonelgodoy y recordó los señalamientos sobre presuntos vínculos de morenistas con la delincuencia organizada. Además,… pic.twitter.com/PhlRhgEnt0
El incidente llevó a la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, a solicitar que las cámaras del Canal del Congreso enfocaran a los legisladores que participaban en el encontronazo.
Advirtió que no hacerlo “no prestigia a este espacio deliberativo”, que de manera interina está a cargo de Raúl Paz Alonso.
Tras el debate en lo general, los coordinadores de los grupos parlamentarios acordaron que en la discusión en lo particular se fijaría un máximo de cinco oradores por bancada, sin importar el número de reservas inscritas.
No obstante, al cierre de la sesión la lista de oradores se integró con 60 intervenciones programadas.
