Las malas prácticas médicas, desafortunadamente, no son una novedad en la barra de noticias mexicana. Tenemos en el país una combinación no muy saludable de un sistema de salud público rebasado, un sistema de salud privado poco vigilado y un índice cada vez más grande de enfermedades. Por eso hoy la duda es: ¿el sistema de salud del país está tan enfermo como su población?
En el ámbito público, hay un rezago que no viene ni de la administración actual ni de la pasada, ni de la anterior a esa. El deterioro del sistema de salud viene arrastrando desde hace más de media decena de sexenios, pero pocos gobiernos han planteado un plan para solucionarlo de fondo.
Dicho deterioro lo que ha provocado es una proliferación de hospitales, clínicas y consultorios privados, que en mayor o en menor medida intentan atender a quienes quedan fuera del sistema público.
Esta migración plantea varios problemas: el primero tiene que ver con un acceso equitativo a la salud, porque quien no puede pagar, pierde oportunidades de tratamiento y cura. Para variar los más desprotegidos quedan a merced de un sistema que se mueve muchas veces desesperantemente lento.
Otro problema viene para aquellos que no están en condiciones de pagar cuentas en hospitales privados o seguros que hagan medianamente viable los tratamientos.
Viene en las personas de ingresos medios, que pueden contratar servicios en clínicas privadas pequeñas, con menos infraestructura pero que parecen tener lo básico. El inconveniente aquí es otra carencia del estado. ¿Quién vigila todas estas clínicas?
La Cofepris es la encargada de ese proceso, pero puede cumplirlo un poco menos que a medias. No pretendo defender a nadie, pero tener menos de un centenar de vigilantes sanitarios para una lista de establecimientos que requieren una visita hace viable que haya huecos en las revisiones.
Por eso la duda genuina es, ¿qué tan en riesgo estamos a la hora de tratar de curarnos?
En los últimos años, hemos sabido de casos que van desde contaminación por hongos que ocasionaron meningitis en al menos 80 mujeres en Durango después de una cesárea.
El último de los casos fue un médico que inyectó “sueros vitaminados” a un grupo de personas y provocó la muerte de al menos siete.
La cosa es que en este país casi siempre nos enteramos que algo está mal ya que tuvo consecuencias y hay muchas clínicas que operan al margen de la ley, y en ocasiones las que operan dentro de los límites legales usan atajos que las dejan en una zona gris, pero no hay capacidad ni económica ni humana para subsanar todos esos huecos.
Y es aquí donde está lo más grave: el Estado no tiene la capacidad de dar el servicio de salud dentro de su sistema y tampoco tiene la capacidad de vigilar que las alternativas privadas operen con todas las normas necesarias.
La verdad es que por ahora los ciudadanos debemos movernos en un espacio donde lo único que podemos hacer es confiar en nuestro sentido común y en alguna que otra fuerza un poco espiritual a la hora de ir a curarnos de alguna dolencia o enfermedad.
@Micmoya