* VERACRUZ: ¿SIN DESAPARECIDOS?
Fechado el pasado jueves 2 de abril en Ginebra, su ciudad sede, el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED en inglés) emitió un comunicado de prensa en el que pidió remitir de manera urgente la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General para que esta considere medidas destinadas a apoyar al Estado Parte en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen.
En su decisión, el organismo indicó que la información que ha recibido parece contener indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad.
El procedimiento –según remarcó en su comunicado– es de carácter preventivo y busca movilizar la atención y el apoyo internacionales, más no de establecer la responsabilidad penal individual.
El anunció sacudió y agitó al morenismo, pues esta es la primera vez que se activa este proceso basado en el artículo 34 de la Convención contra la Desaparición Forzada, desde su aprobación en 2006.
El Gobierno de México, obviamente, rechazó de manera tajante el informe del Comité de Desapariciones Forzadas al acusar que está desactualizado, al referirse a casos que ocurrieron en los Gobiernos de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018) –sexenios en los que en Veracruz gobernó el ex priista Javier Duarte de Ochoa–, y que carece de rigor jurídico.
“El procedimiento de la Convención fue diseñado para casos en que las desapariciones forzadas son cometidas de manera generalizada y sistemática por agentes del Estado y en que las autoridades se niegan a actuar y cooperar”, señaló en un posicionamiento.
“Dicho marco no corresponde a la realidad del México actual, que ha emprendido una transformación estructural en la materia”, remarcó el gobierno que preside la morenista Claudia Sheinbaum.
Este diferendo ha colocado en posiciones encontradas a la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y algunas comisiones estatales, entre ellas la de la Ciudad de México, que gobierna Clara Brugada, de Morena.
La CNDH, que preside Rosario Piedra Ibarra, rechazó abiertamente la solicitud de llevar el asunto de los desaparecidos en México ante la Asamblea General de la ONU y arremetió inclusive contra algunas de las organizaciones civiles que enviaron información a esta instancia, ya que, señaló, están “caracterizadas por su manipulación de las demandas en materia de derechos humanos en nuestro país”.
La hija de la difunta activista Rosario Ibarra de Piedra, quien falleció sin dar con el paradero de uno de sus hijos, enfatizó que en México la desaparición forzada “ha dejado de ser política de Estado, como sí lo fue entre 1951 y 1990 y luego, de manera subrepticia y selectiva en complicidad con grupos delincuenciales, en los años de la llamada ‘guerra contra el narcotráfico’”. Los casos cometidos por autoridades federales, aseguró, han venido descendiendo desde 2018, “hasta prácticamente desaparecer”, afirmó la presidenta de la CNDH, quien en un comunicado emitido el sábado 4 indicó que la determinación del CED carece no sólo de sustento y análisis histórico, sino que propone reproducir dinámicas de una supuesta “colaboración internacional que en el pasado se impulsaban y no condujeron a una mejora real en materia de derechos humanos”.
En contraparte, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México destacó que la decisión del citado comité de la ONU de remitir la situación de México a la Asamblea General “plantea condiciones para fortalecer el diálogo y la cooperación a fin de consolidar una política integral de Estado”.
En su comunicado, difundido también el sábado anterior, el organismo capitalino señaló que el contexto de desapariciones que atraviesa el país “requiere mantener una disposición abierta al escrutinio y a la cooperación técnica, tanto de instancias nacionales como internacionales de derechos humanos que, durante décadas, han acompañado esta agenda con aportes valiosos para la búsqueda, la verdad, la justicia y la reparación”.
La comisión de la CDMX aseguró que el llamado del comité de la ONU “abre una coyuntura para establecer un diálogo constructivo y participativo, orientado a generar nuevas alternativas, rutas y posibilidades de colaboración frente a los retos que persisten para romper los círculos de colusión, impunidad y desprotección”.
Al día siguiente tuvo que salir la jefa del gobierno capitalino, Clara Brugada, a respaldar públicamente a la presidenta Sheinbaum y su política de atención a personas desaparecidas, manifestando su rechazo a la utilización política del informe emitido por el comité de la ONU para promover una agenda de vulneración de la soberanía de México y del derecho internacional.
En un documento difundido en sus redes sociales, la mandataria de la CDMX calificó los resultados del informe presentado por el organismo internacional de cuestionables, pues decidió no valorar las medidas adoptadas por el Estado mexicano para enfrentar y erradicar este fenómeno.
Afirmó que, en la actualidad, el gobierno federal no reprime ni desaparece, como ocurrió durante los gobiernos autoritarios del antiguo régimen que desarrollaron una represión sistemática contra la población civil, con miles de casos documentados.
Brugada señaló que resulta grave que un informe de tal relevancia se base en casos ocurridos de 2009 a 2017, pero se extrapole lo sucedido durante ese periodo a la realidad actual de México, y no se reconozca la enorme transformación de la política de seguridad y atención a personas desaparecidas desde 2019.
En ese sentido, rechazó las narrativas que afirman una supuesta colusión entre crimen organizado y gobierno de México, por ser infundadas y por servir a intereses injerencistas, así como el uso político del dolor de las familias de las personas desaparecidas.
Cuestionó, además, que el informe no distinga de forma adecuada la desaparición forzada por el Estado de la perpetrada por civiles u organizaciones criminales, como tampoco reconoce la estrecha relación entre el aumento de las desapariciones y la denominada “guerra contra el narcotráfico” declarada por Felipe Calderón.
“En 2018, el pueblo de México derrotó democráticamente una política de seguridad basada en la violación sistemática de los derechos humanos y en la guerra, cuyas consecuencias seguimos sufriendo”, puntualizó.
Finalmente, la mandataria capitalina expresó su solidaridad con las familias de las personas desaparecidas en el país y la Ciudad de México. “Su dolor nos convoca y nos obliga. Es una herida abierta y un dolor compartido que nos atraviesa como sociedad.
“Por ello, reafirmamos el compromiso de nuestro gobierno de caminar junto a las víctimas, de escuchar a las familias y de construir, de la mano con la sociedad civil, una política pública cada vez más integral, más humana y más eficaz”, apuntó.
¿Alguien ha visto u oído algún posicionamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz que actualmente preside Minerva Regina Pérez López? La pregunta se hace porque entre 2009 y septiembre de 2025 la CNDH registró 396 quejas por hechos que incluyeron la desaparición forzada o involuntaria de personas. En el reporte del Estado mexicano se expone que los años con mayor número de expedientes fueron de 2009 a 2012, al sumar 272, es decir, 68.7 por ciento del total. Y Veracruz, con 42, era la segunda entidad con más quejas, sólo superada por Tamaulipas, que sumaba 72. Los estados que les seguían eran Michoacán (40), Chihuahua (38) y Coahuila (34). Las cinco entidades acumulan 226 expedientes.
En su edición impresa del domingo pasado, el diario La Jornada documentó que, de enero de 2025 a la fecha, se han registrado al menos cinco disculpas públicas de autoridades locales y federales por desaparición o asesinatos. Los actos de reconocimiento de responsabilidad se realizaron entre uno y cinco años después de que se ordenaron por recomendaciones de comisiones nacionales, estatales e internacionales de derechos humanos.
El diario capitalino más afín a la 4T refirió que uno de estos casos tiene que ver con la desaparición forzada de ocho elementos de la policía municipal de Úrsulo Galván en 2013 –durante la administración del ex gobernador Duarte de Ochoa–, por el cual el gobierno del estado de Veracruz pidió perdón en agosto del año pasado en cumplimiento a una recomendación emitida por la CNDH en 2019.
Igual, en agosto de 2025, el Estado mexicano ofreció disculpas públicas por la desaparición forzada de Yonathan Mendoza el 11 de diciembre de 2013 en Veracruz –también durante la gestión duartista–, en la que participaron efectivos estatales y de la Semar. El reconocimiento se hizo tras una resolución del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada en marzo de 2023.
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