La discusión del llamado Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum ha entrado en una nueva etapa tras el trámite de publicidad aprobado en la Cámara de Diputados. El dictamen, que plantea modificaciones a la estructura de los ayuntamientos y a los presupuestos de los congresos locales, perfila una reforma con efectos directos en el funcionamiento del sistema electoral mexicano.
En su planteamiento más reciente, la iniciativa establece un marco nacional obligatorio que limita el crecimiento del gasto legislativo y redefine la integración municipal. La intención central, según el documento, es reforzar la austeridad, la disciplina presupuestaria y la eficiencia en el uso de recursos públicos destinados a tareas electorales.
