Querétaro, Qro., 14 de septiembre de 2026.- Con el propósito de fortalecer las herramientas legales para combatir actos de corrupción, despojo y abuso relacionados con el patrimonio inmobiliario y los recursos hídricos, se presentó una propuesta de reforma al Código Penal para el Estado de Querétaro.
La iniciativa contempla la adición del artículo 220 Bis con la finalidad de establecer sanciones más severas en contra de quienes participen en conductas asociadas al denominado «cártel inmobiliario», así como en ilícitos vinculados con el manejo y uso del agua.
Entre las principales disposiciones destacan penas que van de los 15 a los 50 años de prisión para los delitos correspondientes, además de castigos específicos por despojo de tierras, manipulación de catastros, permisos y uso de suelo, y penalización por el uso ilícito del recurso hídrico.
Asimismo, el marco propuesto busca fincar responsabilidades claras para aquellos actores que, desde el servicio público, faciliten, participen o encubran este tipo de conductas, estableciendo multas, así como la destitución e inhabilitación de sus cargos.
Bajo la premisa de que el poder público no puede ser cómplice, la iniciativa pretende salvaguardar el patrimonio de las familias queretanas y garantizar que las instituciones no se utilicen para beneficiar intereses particulares.
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