La crisis de la vivienda ha abierto una nueva batalla dentro del sindicalismo español. La convocatoria de huelga general del próximo 11 de noviembre no solo pretende denunciar las dificultades para acceder a un hogar digno, sino que también ha situado en primer plano a organizaciones que llevan años reclamando un sindicalismo más combativo y participativo. El Sindicato de Inquilinas ha conseguido impulsar una alianza que reúne a centrales minoritarias y a las dos grandes organizaciones del país, CC OO y UGT, en un movimiento que pone a prueba la capacidad de movilización frente al encarecimiento de los alquileres.
El acuerdo se formalizó este miércoles en Madrid, durante una rueda de prensa en la que participó Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, junto a representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT), Comisiones de Base (CO.BAS) y Solidaridad Obrera. La ausencia de CC OO y UGT en ese acto, atribuida por las partes a una confusión, no impidió que la convocatoria evidenciara el protagonismo adquirido por las organizaciones que defendieron el paro desde sus primeras fases.
El movimiento plantea una cuestión de fondo: ¿puede la vivienda convertirse en un eje capaz de unir las reivindicaciones laborales con las de quienes sufren el aumento de los alquileres? Para las organizaciones impulsoras, el problema trasciende el mercado inmobiliario. El dinero destinado a pagar un techo condiciona el poder adquisitivo, la capacidad de ahorro y las decisiones cotidianas de miles de familias, lo que convierte el acceso a un hogar en una reivindicación que también afecta directamente al mundo del trabajo.
Las organizaciones minoritarias marcan el ritmo de la convocatoria
La alianza ha dado visibilidad a sindicatos que, pese a contar con menos afiliados y representantes en las empresas que CC OO y UGT, han mantenido una relación estrecha con el movimiento de inquilinas. La CGT, Solidaridad Obrera y CO.BAS respaldaron la iniciativa antes de que las centrales mayoritarias confirmaran su adhesión.
Alicia del Río defendió, según señala El País, que la huelga debe construirse desde la base y no limitarse a una convocatoria impulsada desde las direcciones sindicales. Su planteamiento refleja una de las principales aspiraciones del movimiento: que los afectados participen activamente en la organización de las protestas y en la definición de sus objetivos.
Miguel Fadrique, secretario general de la CGT, reivindicó la colaboración que su organización mantiene desde hace años con el Sindicato de Inquilinas. Según explicó, el compromiso de apoyar una huelga ya se había establecido antes de que se concretara la fecha. La central anarquista cuenta con unos 110.000 afiliados y 7.000 delegados, una implantación que le permite participar en la negociación colectiva, aunque su dimensión sigue siendo muy inferior a la de los dos grandes sindicatos.
Solidaridad Obrera también ha hecho de la movilización en la calle una de sus principales señas de identidad. Su secretario de acción social, Álvaro Ferreira, destacó la continuidad de su apoyo a las reivindicaciones de las inquilinas y defendió un modelo de financiación basado en las cuotas de afiliación, sin recurrir a subvenciones públicas.
Por su parte, CO.BAS, surgido de una escisión de CC OO en 2006, considera que la vivienda debe ocupar un lugar central en la acción sindical. Andrea Zayas, integrante de su dirección estatal, sostiene que el coste del hogar forma parte de las condiciones materiales de la clase trabajadora y que la defensa de los derechos laborales no puede desligarse de las dificultades para llegar a fin de mes.
CC OO y UGT amplían el alcance de la huelga
La incorporación de CC OO y UGT representa uno de los factores más relevantes de la convocatoria. Ambas organizaciones disponen de una implantación mucho mayor en los centros de trabajo y de una capacidad de negociación que las centrales pequeñas difícilmente pueden igualar.
Los datos de representación sindical reflejan esa diferencia. Frente a los 7.000 delegados de la CGT, CC OO cuenta con unos 118.000 y UGT con alrededor de 110.000. La distancia también se aprecia en la negociación colectiva: en 2025, la CGT participó en la firma de 51 de los 1.017 convenios colectivos registrados en la estadística del Ministerio de Trabajo, mientras que cada una de las grandes centrales intervino en más de 600.
Esta disparidad ayuda a explicar por qué la participación de los sindicatos mayoritarios puede resultar decisiva para ampliar el seguimiento de la huelga. Una convocatoria respaldada por organizaciones con presencia en numerosos sectores tiene más posibilidades de trasladar el conflicto desde las manifestaciones y las asambleas hasta los centros de trabajo.
Sin embargo, la confluencia no elimina las diferencias entre los participantes. Las centrales minoritarias reivindican una mayor participación directa de los trabajadores y cuestionan la distancia que, a su juicio, existe entre algunas estructuras sindicales y sus bases. CC OO y UGT, por su parte, defienden su capacidad para conseguir avances mediante la negociación colectiva, el diálogo social y su influencia en la elaboración de leyes.
La huelga del 11 de noviembre será, por tanto, una prueba de coordinación entre modelos sindicales distintos. El desafío consiste en mantener una reivindicación común sin ocultar las discrepancias sobre cómo organizarla y qué papel debe desempeñar cada organización.
Una alianza que va más allá de Madrid
El respaldo a la huelga se extiende también a organizaciones de diferentes territorios. Entre ellas figuran los sindicatos vascos LAB y ELA, los gallegos CIG y CUT, el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), el aragonés SOA, la Confederación Intersindical, el Sindicato de Estudiantes y Alternativa Sindical de Clase.
Esta diversidad territorial puede favorecer la difusión de la convocatoria y conectar la crisis de la vivienda con realidades económicas diferentes. Aunque el precio de los alquileres y las dificultades de acceso a un hogar varían entre comunidades, el movimiento busca articular una respuesta común ante un problema que afecta tanto a trabajadores con salarios modestos como a personas que, pese a tener empleo, encuentran cada vez más difícil emanciparse.
No todas las organizaciones sindicales apoyan el paro. Entre las que han expresado su rechazo figuran CSIF, ANPE, Semaf, SLT, Fetico y USO. Amyts, el sindicato médico de Madrid, y Satse, la organización de enfermería, no habían aclarado su posición en el momento recogido por la información de partida.
La existencia de apoyos y rechazos confirma que la convocatoria no cuenta con un consenso sindical absoluto. Su alcance dependerá de la capacidad de los promotores para convertir las adhesiones organizativas en participación efectiva.
La vivienda pone a prueba la capacidad de movilización sindical
La última huelga general citada en este contexto tuvo lugar el 15 de octubre de 2025, en protesta por la ofensiva israelí en Gaza. Aquella convocatoria, impulsada por sindicatos como la CGT mientras CC OO y UGT optaron por paros parciales, tuvo un seguimiento limitado.
El precedente muestra la importancia de sumar a las grandes centrales cuando el objetivo es conseguir una movilización amplia. También plantea una incógnita para el nuevo paro: si la unidad alcanzada en torno a la vivienda será suficiente para superar las diferencias organizativas y lograr una respuesta que vaya más allá de los sectores tradicionalmente movilizados.
La Confederación de Sindicatos de Inquilinas reivindica un sindicalismo en el que las estructuras organizativas no monopolicen las decisiones y en el que la participación de los afectados tenga un peso central. Su apuesta pretende conectar las reivindicaciones de quienes alquilan una vivienda con las herramientas de presión del movimiento obrero.
El resultado del 11 de noviembre permitirá medir hasta dónde llega esa convergencia. Más allá del seguimiento de la huelga, la convocatoria abre un debate sobre los límites de la acción sindical tradicional y sobre la posibilidad de incorporar el acceso a la vivienda a una agenda laboral más amplia. La principal incógnita será si la alianza consigue mantener su cohesión y transformar la protesta en una presión sostenida capaz de influir en las políticas de vivienda. @mundiario
