El bloqueo de cuentas sin control judicial como lo plantea la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), debilita el Estado de derecho, advierte Coparmex.
Señala que la certeza jurídica no es opcional y es la base sobre la que se construye la confianza, la inversión y el desarrollo.
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Dijo que cuando el acceso a los recursos de personas y empresas puede restringirse sin controles judiciales previamente definidos, se abre un espacio de incertidumbre que impacta directamente en la estabilidad económica y contraviene lo establecido en el artículo 14 de nuestra Constitución y en diversos tratados internacionales que México ha ratificado.
“Con esta decisión, se establece un precedente delicado para el Estado de derecho, al permitir afectaciones directas al patrimonio de personas y empresas sin reglas plenamente definidas”.
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Coparmex subrayó que el esquema validado también tensiona el principio de presunción de inocencia, reconocido en el artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución, al permitir el bloqueo de cuentas con base en indicios sin una resolución judicial previa.
