El 15 de enero, Janaína Reis Miron, abogada de 49 años, acudió a un centro de salud en la zona sur de la ciudad de Sao Paulo a recibir medicamentos para un tratamiento psiquiátrico.
Minutos después, agentes de la Policía Militar la esposaron en la sala de espera. El sistema de reconocimiento facial que usa la mayor urbe de Latinoamérica la había identificado: tenía dos órdenes de arresto pendientes por desacato, lesión corporal y ebriedad al volante. La liberaron al día siguiente.
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El episodio habría pasado inadvertido de no ser por un detalle que la Prefectura omitió en su comunicado: Janaína es hermana del alcalde Ricardo Nunes, el político que diseñó y defiende Smart Sampa como la pieza central de su gestión.
El nombre combina smart con Sampa, apócope popular de São Paulo. Es la "ciudad inteligente" en clave local. Con 40 mil cámaras en calles, hospitales y edificios privados, es el mayor sistema de vigilancia por inteligencia artificial de América Latina.
Los datos cuentan otra historia
Opera desde fines de 2024 a un costo de dos millones de dólares mensuales: captura imágenes en tiempo real, las coteja con bases de datos judiciales y, si hay coincidencia, alerta a la Policía Militar en minutos. Ha capturado a casi 3 mil fugitivos y 4 mil personas en flagrancia.
Las autoridades lo presentan como una revolución. Los datos oficiales cuentan otra historia.
Casi la mitad de los fugitivos detectados son deudores de pensiones alimenticias, un delito civil. Más del 8% de los arrestados por reconocimiento facial debió ser liberado por error. Al menos 59 los confundieron con otras personas: un jubilado de 80 años pasó horas detenido acusado de violación; agentes armados irrumpieron en una sesión de terapia grupal y se llevaron esposado a un paciente.
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Además, los datos raciales de más de la mitad de los detenidos no se registraron, lo que impide detectar sesgo algorítmico en un país con una de las mayores poblaciones afrodescendientes del mundo.
"Nadie quedó preso por error: las personas fueron liberadas", declaró Orlando Morando, secretario municipal de Seguridad, atribuyendo los fallos al poder judicial.
Para Amarilis Costa, directora de la red de abogados Liberdade, la explicación no alcanza: "Smart Sampa se presenta como solución al crimen pero se usa para control civil". El sistema no distingue entre el fugitivo peligroso y el deudor de pensión alimenticia, entre el paciente en tratamiento y el delincuente en fuga.