En los próximos días, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social habrá de determinar si valida la solicitud para la creación de un nuevo Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (SIPAUACJ), promovido por el maestro Carlos Gutiérrez Casas, uno de los fundadores morenistas en la frontera.
Sería un nuevo organismo adicional a los cuatro que coexisten en la institución: dos en Ciencias Biomédicas (SPAICB y AGREPEAC); uno del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (SPAICSA); y uno más de los institutos de Diseño y Arte y de Ingeniería y Tecnología (SPAIIA), a veces envueltos en conflictos por la representación laboral y los contratos de trabajo.
Pero el intento de una nueva asociación va más allá de un choque sindical o una disputa política. El tema pone de relieve esa contradicción que la universidad ha podido administrar durante años, la de mantener finanzas sanas, sí, pero a costa de un modelo de contratación que excluye de la seguridad social a una parte de sus docentes.
El riesgo es que una demanda laboral legítima termine convirtiéndose en un problema financiero y político que la institución no puede resolver por sí sola y que la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha decidido ignorar, a pesar de que la condición se repite en gran parte de las universidades del país, desde Juárez hasta Mérida.
Esa cuenta no aparece en los balances financieros ni en los informes de los rectores que han hecho crecer a la UACJ académicamente y en infraestructura, pero no han podido con la regularización de su carga laboral.
Esos maestros que semestre tras semestre imparten clases sin contar con una plaza de base ni con las prestaciones de sus colegas sindicalizados, son unos fantasmas en un limbo laboral que, con una decisión de la Secretaría del Trabajo, podrían sacudir esa comodidad política e institucional de la UACJ.
Detrás de la solicitud hay una problemática que tiene mucho tiempo gestándose; adelante, en la ruta, también están los tribunales federales, en caso que la petición sea negada por la autoridad laboral.
En medio de eso está la pregunta de la que debe partir cualquier análisis: ¿qué pasaría si los docentes que hoy trabajan bajo contratos temporales consiguieran el reconocimiento de sus derechos laborales?
De acuerdo con los datos públicos, la UACJ contaba con dos mil 368 docentes en 2024, mientras que su boletín estadístico de abril a junio de 2026 registra 907 con plaza de base. La diferencia apunta a una proporción considerable de profesores que trabajan bajo otras modalidades de contratación, es decir, casi tres de cada cuatro docentes carecen actualmente de la seguridad social y las prestaciones de la menor parte.
Esa mayoría son los fantasmas, por lo invisibilizados que se encuentran, a pesar de que están frente a grupo, preparan clases, evalúan estudiantes y cumplen con las responsabilidades académicas, mientras su relación con la institución está en la frontera de lo legal y lo ilegal.
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La iniciativa sindical que lidera Gutiérrez Casas pretende cambiar las condiciones actuales, a partir de una organización de apenas 22 maestros, de los cuales solamente uno tiene una plaza de tiempo completo y los otros 21 están contratados como prestadoras de servicios profesionales.
Esa composición abre un primer frente jurídico porque la autoridad laboral debe determinar si sus integrantes reúnen los requisitos para constituir el sindicato y si la relación que mantienen con la universidad corresponde, en los hechos, a una relación laboral subordinada.
Tener en la nómina puestos de “prestador de servicios profesionales” no resuelve la naturaleza jurídica del vínculo laboral. Si existen elementos que acrediten una relación de trabajo, la denominación del contrato no necesariamente basta para excluir los derechos laborales, aunque tampoco significa que la presentación de una solicitud sindical convierta automáticamente a todos sus integrantes en trabajadores de base.
En ese punto está esa batalla laboral que no debe perderse de vista en Juárez. Claro, el reconocimiento de un nuevo sindicato no es garantía de que acabará la precariedad laboral de los docentes, ni tampoco será determinante para corregirla sin comprometer la viabilidad financiera de una institución pública.
La UACJ ha mantenido finanzas sanas y sin deuda, eso lo han presumido sus últimos rectores, pero gran parte de su margen de maniobra proviene de un esquema de contratación cuestionado. Si una resolución laboral obliga a modificar eso, la universidad tendrá que calcular el costo de las obligaciones que correspondan. ¿De dónde saldrían los millones de pesos que eso implicaría?
Desde luego, la estabilidad laboral, la afiliación sindical, la seguridad social y la basificación tienen alcances diferentes y deberán resolverse conforme a las normas aplicables y a las circunstancias de cada trabajador, más allá del éxito que pudiera tener un nuevo sindicato en su registro como tal.
La pregunta financiera tampoco admite respuestas simplistas, aunque, sin necesidad de muy profundos estudios presupuestales, es posible intuir o especular que reconocer esos derechos llevaría a la UACJ a la quiebra. Así de simple, con todo y sus más de dos mil 100 millones de presupuesto anual.
En este punto es donde el asunto gremial exhibe una responsabilidad federal. Porque, aunque parezca un lugar común, la precariedad de los profesores de nivel superior por asignatura no es exclusiva de Ciudad Juárez.
Datos de la Secretaría de Economía contabilizan alrededor de 258 mil maestros universitarios en el país, mientras que un estudio de Abril Acosta y Angélica Buendía, publicado en 2018, asentaba que el 69 por ciento de los docentes en México estaban contratados por hora. Esos referentes permiten dimensionar el problema.
O sea, en estos años el país amplió y diversificó su sistema de educación superior, pero no resolvió de manera general las condiciones laborales de gran parte de quienes lo hacen funcionar. La SEP y el Gobierno Federal no pueden desentenderse de esa contradicción, aunque es lo que han hecho por décadas.
La Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) también merece un examen de sus modalidades de contratación, la proporción de docentes por asignatura y las condiciones de acceso a la seguridad social; enfrenta un problema similar, tal vez con ciertas variantes en la sindicalización, pero es también un ejemplo de esas condiciones del sistema estatal y nacional de educación superior.
Dejar que cada universidad resuelva el problema con su presupuesto ordinario es trasladar a las instituciones una obligación que tiene dimensiones lejos de su alcance. Y si los recursos no alcanzan, la salida más sencilla termina siendo mantener una plantilla flexible hasta lo irregular, evidentemente.
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Otro componente que no puede pasar inadvertido es el político, en el caso del pretendido nuevo sindicato. De darse, podría llegar a alterar los equilibrios dentro de la UACJ y modificar la representación de los docentes, abrir nuevas negociaciones y generar tensiones entre dirigencias sindicales y autoridades universitarias.
El SPAICSA, considerado el de mayor influencia externa, tiene un comité mayoritariamente ligado a Manuel Loera de la Rosa, exsecretario académico y aspirante a la rectoría en 2018, además de hermano del senador morenista Juan Carlos Loera, dejado en el camino en la contienda por la alcaldía juarense.
También morenista, pero muy lejano a Loera, es el maestro Gutiérrez Casas, de una familia plural: su hermano Jorge fue uno de los más cercanos operadores de Héctor “Teto” Murguía (QEPD); su otro hermano, Efrén, también fue “tetista” y asesor de Adriana Fuentes; y otro hermano, Luis Enrique, colaborador cercano de Loera. La relación y la influencia política-ideológica ayuda a entender un poco el contexto, pero no basta para concluir que el movimiento responde a una operación partidista externa ni que su propósito laboral no sea legítimo, porque una demanda de derechos genuina puede coexistir con una disputa por espacios de poder.
Así, lo que debe observarse, de fondo, es cómo se desarrolla el proceso, quienes respaldan la iniciativa, qué argumentos presentan y qué consecuencias tiene para la representación de los docentes y el futuro de la UACJ.
El antecedente de los sindicatos que conviven dentro de la propia UACJ, particularmente en el Instituto de Ciencias Biomédicas, también muestra que la fragmentación gremial puede complicar las relaciones laborales y las negociaciones colectivas. Por eso, un nuevo sindicato no necesariamente resolverá la precariedad de todos los profesores, pero sí podría convertirla en un asunto más difícil de ignorar.
Por ahora, el SIPAUACJ enfrenta un camino legal cuyo desenlace vendrá pronto. En cualquiera de los escenarios, la UACJ y las autoridades educativas están obligada a discutir una realidad que durante años ha resultado funcional, pero no óptima para la base docente que ahora busca dejar de ser invisible.
¿Quién asumirá el costo de corregir una precariedad -que no nació en Ciudad Juárez, claro está- y que ninguna universidad podrá resolver de manera sostenible si la Federación no hace otra cosa que echarle la papa caliente a las universidades?
