MONTERREY, NL.,10 de abril de 2026.- El diputado local del PAN, Miguel Lechuga, denunció la presunta existencia de una red de extorsión en el municipio de Santa Catarina, en la que estarían involucrados elementos de tránsito y autoridades municipales.
El legislador afirmó que la problemática ha dejado de tratarse de casos aislados de corrupción para convertirse, según sus señalamientos, en un sistema estructurado de abuso contra transportistas y ciudadanos.
“Lo que está pasando en Santa Catarina ya dejó de ser simple corrupción… ya es un sistema de saqueo. Estamos viendo tránsitos convertidos en cobradores y patrullas usadas para escoltar extorsiones. Y todo esto ocurre bajo el mando del mayor líder criminal que tiene Santa Catarina: el alcalde Jesús Nava”, declaró.
De acuerdo con Lechuga, existen casos en los que ciudadanos han sido obligados a retirar dinero de cajeros automáticos para pagar sobornos, lo que —aseguró— evidenciaría la operación de una red organizada.
“Aquí no estamos hablando de una manzana podrida, estamos hablando de todo un sistema. Cuando obligas a un ciudadano a ir a un cajero para pagar una mordida, no hay duda: eso es una red de extorsión operando desde el gobierno”, sostuvo.
Señaló directamente al Alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava, a quien atribuyó responsabilidad por acción u omisión en estos hechos.
“El alcalde Jesús Nava ya no puede hacerse el que no sabe; o no tiene control sobre su policía o la está solapando. Y en cualquiera de los dos casos, es responsable”, expresó.
Ante este escenario, Lechuga exigió la implementación de medidas de transparencia, como el uso obligatorio de cámaras corporales en elementos de tránsito y seguridad, con el fin de documentar las interacciones con la ciudadanía.
“Por eso estamos exigiendo que se implemente ya, sin pretextos, la ley de cámaras de solapa. Cada interacción tiene que quedar grabada. Porque donde no hay cámaras, hay impunidad… y donde hay impunidad, crece la corrupción que hoy tiene así a Santa Catarina”, puntualizó.
Finalmente, advirtió que, de no existir consecuencias, estas prácticas continuarán afectando a la población.
“Hoy queda claro algo: el verdadero ‘operativo’ en Santa Catarina no es de tránsito… es de cobro ilegal. Y mientras no haya consecuencias, el Alcalde va a seguir siendo cómplice, por acción o por omisión”, concluyó.
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