En un lapso de ocho días, el país se ha enterado de una ejecución fallida, de una ejecución exitosa y de la promesa de una ejecución transmitida en vivo, por fusilamiento militar, antes de que termine el año.
La forma más severa de castigo penal (hay unas 2,000 personas en el corredor de la muerte en todo el país) ha pasado al centro del escenario en una nación ya dividida política y culturalmente, y amplifica esas divisiones a pocas semanas de unas elecciones intermedias decisivas.
Los opositores a la pena de muerte han aprovechado el intento fallido de matar a Christa Pike en Tennessee la semana pasada para impulsar el fin de la pena capital. En contraste, el máximo funcionario militar del país dijo el jueves que Estados Unidos llevará a cabo la primera ejecución pública del gobierno desde 1936.
El anuncio del jefe del Pentágono, Pete Hegseth, y el momento en que se hizo ejemplifican el lugar destacado que ha ocupado la pena de muerte en el polarizado panorama político del segundo mandato del presidente Donald Trump.
El día que Trump volvió al cargo, instó a fiscales de todo el país a buscar y aplicar la pena capital. En 2025, los estados ejecutaron a más personas que en cualquier año desde 2009, en gran parte por un fuerte aumento en Florida bajo el gobernador Ron DeSantis, republicano.
La ejecución fallida de Pike, quien sobrevivió a dos dosis de pentobarbital que pudieron haber sido inyectadas de manera incorrecta, ha movilizado a los opositores de la pena de muerte, que han denunciado lo que consideran un ejemplo atroz de las fallas de la pena capital.
Y los dos hechos en conjunto han devuelto al primer plano de la mente de los estadounidenses un tema que durante décadas se llevó a cabo en salas ocultas dentro de prisiones, en su mayoría rurales.
“Lo que estamos viendo es que la brutalidad de la institución de la pena de muerte vuelve al foco público”, dijo Mark Osler, profesor de derecho de la Universidad de St. Thomas, en Minneapolis, que ha estudiado la pena de muerte. “Tennessee no tenía la intención de hacerlo; el gobierno federal sí”.
“Dado que ha aumentado el número de ejecuciones”, añadió, “es un buen momento para tener ese debate”.
Casi 1,700 personas han sido ejecutadas en los últimos 50 años, incluido Jamaal Howard, de 46, quien fue ejecutado el miércoles en Texas, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, con un pico de 98 ejecutados en 1999. Howard había sido condenado por asesinar a Vickie Swartout, de 42, durante un robo en 2000. Tennessee había buscado ejecutar a Pike por el asesinato, en 1995, de su compañera de clase Colleen Slemmer, de 19.
Aunque 27 estados conservan la pena de muerte, menos de la mitad ha realizado una ejecución en los últimos cinco años. Virginia la abolió en 2021, y el gobernador republicano de Ohio, Mike DeWine, dijo en junio que quería que su estado hiciera lo mismo.
En tiempos modernos, la inyección letal se ha usado mucho más que cualquier otro método, aunque en años recientes los estados han recurrido a métodos alternativos, tanto nuevos como antiguos. Varios han autorizado el fusilamiento, y dos, Alabama y Luisiana, han usado el método novedoso de la asfixia con nitrógeno.
Las encuestas de opinión muestran que el apoyo a la pena de muerte ha disminuido de manera constante en las últimas décadas, aunque la mayoría de los estadounidenses aún la respalda. Una encuesta de este verano encontró que dos tercios estaban a favor.
Aun así, la perspectiva de transmitir en vivo la ejecución de Nidal Hasan, exmayor del Ejército condenado por asesinar a 13 personas, en su mayoría soldados, y herir a decenas más en Fort Hood, Texas, en 2009, ha molestado a muchos que de otro modo podrían apoyar su muerte.
“Hasan debe enfrentar la pena de muerte, pero ¿hacer pública su ejecución y transmitirla? Más que repugnante”, escribió en redes sociales el senador Thom Tillis, republicano por Carolina del Norte. “Las ejecuciones públicas son lo que hacen dictaduras opresivas como Irán y Afganistán. No debería ocurrir en Estados Unidos”.
Hasan, de 56 años, actuó motivado por su visión radical del islam para cometer los asesinatos como represalia por las guerras de Estados Unidos en Afganistán e Irak. Fue herido por policías que respondieron al ataque y ahora está paralizado de la cintura para abajo, lo que abre la posibilidad de que sea trasladado en silla de ruedas a su ejecución, programada para el 3 de diciembre. Hegseth dijo que Hasan sería ejecutado en Fort Hood más o menos a la misma hora del día, a primeras horas de la tarde, en que cometió los crímenes.
Las reacciones al anuncio se dieron en gran medida por líneas ideológicas (los republicanos son mucho más propensos a apoyar la pena capital), pero distaron de ser uniformes, lo que subraya la complejidad del tema.
Algunos líderes católicos romanos condenaron los planes de ejecución. La Iglesia católica se opone desde hace mucho a la pena de muerte como parte de su compromiso teológico con los seres humanos a lo largo de toda su vida, aunque recientemente los obispos de Estados Unidos han dado prioridad a poner fin al aborto y a defender a los inmigrantes.
El arzobispo Paul S. Coakley, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, calificó la transmisión en vivo planeada como “una promoción bárbara de una cultura de la muerte” y advirtió que dañaría al país.
“La ejecución pública, incluso de quien ha causado un daño grave, solo debilitará aún más el tejido moral de nuestra nación y será una mancha en la conciencia de su pueblo”, dijo.
El vicepresidente JD Vance, ateo convertido al catolicismo, dijo el viernes que no vería la ejecución si se transmitiera en vivo y también expresó dudas sobre esa idea: “No sé si eso realmente va a ocurrir”.
Pero en una muestra de la profunda división que el movimiento de Trump ha abierto en el cristianismo estadounidense, un enérgico grupo de cristianos de derecha defendió la transmisión con argumentos bíblicos.
Josh Howerton, pastor de la Iglesia Lakepointe, una congregación evangélica con sedes en Dallas y sus alrededores, argumentó en redes sociales que las ejecuciones en la Biblia se realizaban públicamente como medida disuasoria.
“No creo que se pueda decir que es antibíblico o que automáticamente está mal”, dijo sobre las ejecuciones públicas, y mencionó pasajes que describen apedreamientos públicos.
