¿Por qué usar férulas de fibra de vidrio si el yeso es tan bueno? ¿Para qué mandar a un paciente a rehabilitación formal si se puede enviar con el tradicional sobador? ¿Para qué ir con un especialista si un médico general “saca la chamba”? ¿Por qué solicitar estudios de resonancia magnética si se puede usar el “ojo clínico”? ¿Para qué pedir cultivos y antibiogramas si con detentes, tecitos y reposo basta? ¿Por qué ingresar a terapia intensiva si con el oxígeno y vigilancia es suficiente? ¿Para qué el control prenatal si las abuelas siempre han sabido qué hacer?
Estos ejemplos tienen una lógica en común: si encuentras algo más barato, úsalo, aunque no sea equivalente, los resultados no sean los mismos, el riesgo sea mayor o el desenlace cambie, solamente porque es para lo que te alcanza. Tal y como con las gasolinas.
Trasladar esa lógica a la salud exhibe con mucha crudeza las implicaciones del discurso estatal cuando se sugiere (implícita o explícitamente) que, ante un problema de acceso por costos, la solución está en elegir “lo más barato”. Esto no es ni de cerca una declaración inocente, es, al contrario, una forma de normalización sobre distintos niveles de calidad que ahora se tratan como “intercambiables”, cuando no lo son.
Hablando de las ciencias médicas y prestación de servicios de salud, esas diferencias importan, pues impactan en la tasa de complicaciones, en los tiempos de recuperación, en la presencia de secuelas o en la mortalidad. No es lo mismo ir a una rehabilitación estructurada que “moverse en la casa”, como tampoco es lo mismo un proceso de laboratorio con control de calidad, que uno que simplemente emite resultados sin garantía de exactitud ni precisión o un tratamiento guiado por evidencia que uno empírico. Esa brecha entre una opción y otra no es solamente técnica, es profundamente ética y humana.
No pasa nada con reconocer que existen limitaciones económicas o realidades financieras adversas, sino la forma en que se otorgan respuestas por los responsables de la administración del estado. Cuando se reduce un problema a esa decisión individual del paciente (“si no te alcanza, busca algo más barato”) lo que está ocurriendo es el desplazamiento de la responsabilidad del sistema a los individuos. Ahora, el mensaje se vuelve claro, aunque lapidario: si no accedes a la mejor opción, es porque no puedes pagarla y como no puedes pagarla entonces confórmate, porque de nuevo “es lo que hay”.
Estas posturas simplifican un problema estructural grave de financiamiento, regulación, oferta, desigualdad, pero además lo hace invisible, porque ahora deja de discutirse por qué existen esas brechas y se empieza a asumir, de manera trágica, que son inevitables.
Ahora, estimado lector, este es un discurso profundamente grosero y agresivo, no solo en el tono, sino en el fondo, porque ahora trivializa decisiones que en salud tienen consecuencias reales y coloca a las personas en posiciones donde deben aceptar calidad inferior como si esa fuera suficiente y normaliza que la dignidad de la atención sea dependiente del poder adquisitivo sin siquiera reconocerlo como un problema. En otros términos: ya no se apuesta por la eficiencia sino por la resignación institucionalizada.
En temas de salud lo más barato no sustituye a lo adecuado. Pero ahora el discurso contrario parece ser la estrategia y esa renuncia a la calidad ahora considerándola como “privilegio” es lo habitual.
Si normalizamos lo anterior, estaremos cediendo derechos fundamentales y, desafortunadamente, recuperarlos cuesta mucho. Menester estar atentos, ser críticos y demandar lo que corresponde. Es tiempo.
*Médico Patólogo Clínico. Especialista en Medicina de Laboratorio y Medicina Transfusional, profesor universitario y promotor de la donación voluntaria de sangre.