Ciudad de México.- La presencia del crimen organizado es un factor que autoridades estadounidenses empiezan a tomar en cuenta en la resolución de quejas y paneles que se presentan bajo el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del Tratado entre México, EU y Canadá (T-MEC).
Así lo demuestra la resolución del caso de la Minera Camino Rojo, de la canadiense Orla Mining, en el cual se expuso que detrás de actos de intimidación en contra de trabajadores de su mina en Mazapil, Zacatecas, estuvo la mano del narco.
El panel que analizó el expediente corroboró que se contrató a un “conocido narcotraficante” para interrumpir con personas armadas las reuniones de sindicatos y visitar los domicilios de los trabajadores para amenazarlos, incluso de muerte, y así obligarlos a afiliarse al sindicato preferido por la empresa.
El panel de expertos determinó que la intervención del crimen organizado afectó las relaciones laborales en la mina canadiense, con anuencia de empleados de la misma empresa.
Puede considerarse que las omisiones de la minera fueron en su beneficio porque condujeron a que el sindicato de su preferencia obtuviera la titularidad del contrato colectivo, tanto por la injerencia patronal directa como mediante intimidaciones de terceros”, acusó el panel en la resolución que se hizo pública el 26 de marzo a través de la Oficina del Representante Comercial de EU (USTR).
En audios documentados por los expertos panelistas se escucha cómo amenazan a los trabajadores para que se afilien al sindicato afin a la empresa.
JJJC