Guanajuato, capital.- Integrantes de la Unión Democrática Campesina (UCD) tomaron de forma simbólica las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para denunciar que hay comunidades que aún no tienen certeza jurídica sobre sus tierras, además de otros problemas como extorsiones y cobro de piso para poder trabajar.
En el marco del aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, la UCD realizó protestas, movilizaciones y ruedas de prensa en distintos puntos del país para exponer las problemáticas que enfrenta el campo mexicano.
En Guanajuato capital, representantes de varios municipios se manifestaron en la sede de la Sedatu para denunciar que campesinos del estado siguen en riesgo de ser despojados de casas y terrenos que, aseguraron, han heredado por generaciones.
En su posicionamiento, expusieron casos como el de Mesa de Escalante, donde denunciaron un posible intento de invasión por parte de habitantes de la comunidad de San Isidro, presuntamente respaldados por funcionarios municipales de San Luis de la Paz.
También señalaron el caso de Labor de Gamboa, donde el trámite ante el Registro Agrario Nacional sigue pendiente desde hace más de 10 años, así como el de Puerto de Matancillas, donde, afirmaron, el propietario vendió a los poseedores, pero hasta la fecha no les ha escriturado.
Los manifestantes señalaron que, aunque los habitantes carecen de documentos que los respalden legalmente, han reclamado esas tierras desde hace años y lamentaron que en pleno 2026 siga pendiente la regularización de la tenencia de la tierra, además de que no existen recursos suficientes para atender estos casos.
Tan solo en San Luis de la Paz, dijeron, comunidades como El Corcovado, Labor de Gamboa, San Cayetano, Llano Verde, La Onza y La Bisnaga están en riesgo de desalojo.
Compañeros de nuestra organización están en riesgo de ser despojados de sus territorios, en varias comunidades del municipio de San Luis de la Paz. La gente ahí nació, ahí ha crecido, ahí vive, ahí están los servicios, su escuela, su templo y sus tierras de cultivo”, dijo Francisco Escobar Ozornio, dirigente estatal de la UCD.
Señalan inseguridad y falta de apoyos
Durante la protesta, Reyna Bueno, de San Francisco del Rincón, denunció que su municipio vive una situación marcada por la inseguridad. Señaló que, además de ataques armados, se registran amenazas, extorsiones y cobro de piso a negocios, con cuotas que, dijo, van de 3 mil a 120 mil pesos.
“Cobro de piso, amenazas; tenemos un hospital regional y allá a cada rato pasan motociclistas y ejecutan a la gente que va caminando, la gente que está en sus negocios. A mí me han extorsionado por teléfono. Pero a mucha gente que tiene sus negocios le piden 120 mil pesos por seguridad”, declaró.
Los manifestantes también señalaron que en la comunidad de San José de Cruces, en Irapuato, sigue pendiente la construcción del camino de acceso y la regularización de los predios.
Sin respuesta oficial
Después de la protesta, entregaron su pronunciamiento a empleados de la Sedatu.
AM buscó una postura de la dependencia, pero no obtuvo respuesta ni de manera presencial ni por teléfono.
En su comunicado, la UCD también cuestionó el programa de precios de garantía. Señaló que la ubicación de las bodegas vuelve incosteable el traslado del grano a los centros de acopio, pues lo que los productores ganan en el apoyo lo pierden en gastos de flete. A ello, agregaron, se suman descuentos por humedad e impurezas.
También reprocharon que el secretario Julio Berdegué visitó Guanajuato ante la presión generada por bloqueos carreteros y por la exigencia de un precio piso para la comercialización del maíz, pero acusaron que las organizaciones campesinas que representan a productores de temporal no fueron invitadas a esa mesa.
Aseguraron que, aunque se prometieron apoyos, estos no se han entregado hasta la fecha.
JRL