Ayer se vivió una jornada de contrastes en el estado tras una movilización ciudadana de gran escala. Por un lado, se registró una manifestación importante y ejemplar que reunió a cerca de 10 mil personas en las calles, en la cual los asistentes exigieron respuestas ante la problemática del abasto hídrico. Sin embargo, el desarrollo del día también dejó un episodio que nos duele como ciudad, empañando lo que inició como una concentración ciudadana ordenada.
El conflicto se desencadenó en las horas finales de la protesta, transformando el ambiente de exigencia social en un escenario de tensión. De acuerdo con los reportes oficiales, la violencia terminó por opacar una manifestación que durante horas se desarrolló de manera pacífica, lo que provocó pánico entre los manifestantes y alejando a quienes salieron legítimamente a exigir agua de calidad. Ante la gravedad de los acontecimientos, las autoridades señalaron con firmeza que esto no debe volver a suceder.
En respuesta a la indignación social por los hechos registrados, las autoridades reafirmaron su compromiso con las libertades ciudadanas, pero subrayaron la necesidad de deslindar responsabilidades legales. Manifestarse pacíficamente es un derecho que vamos a garantizar, señalaron los voceros oficiales, al tiempo que advirtieron que no habrá impunidad ante posibles irregularidades operativas: las agresiones y los posibles abusos de autoridad deben investigarse con rigor y sin ninguna excepción.
El fondo de las protestas responde a una demanda histórica en la entidad referente al suministro y la salubridad del recurso hídrico en los hogares. Al respecto, la administración estatal enfatizó que mantiene los trabajos operativos para corregir las fallas estructurales y asegurar el suministro: estamos trabajando todos los días para resolver este problema y lograr que las familias reciban agua de calidad en sus hogares, sin tener que volver a salir a exigirla.
