PACHUCA, Hgo., 14 de septiembre de 2026.– Elecciones para renovar la gubernatura, el Congreso local o de integrantes de los 84 municipios podrán anularse en caso de acreditar actos de intervención o injerencia extranjera que influya en los resultados finales, esta disposición ya es vigente para la contienda del 2027.
La LXVI Legislatura aprobó la iniciativa que adicionó la fracción X al artículo 385 del Código Electoral hidalguense en materia de causales de nulidad para incluir lo relativo a una posible injerencia extranjera en los comicios.
Esto conforme las propuestas impulsadas por Morena y aliados en el Congreso de la Unión, que agregaron el inciso d) al párrafo tercero de la base VI, del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual ahora contempla dentro del sistema de nulidades de las elecciones por violaciones graves, dolosas y determinantes, ya sean federales o locales, cuando acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados electorales.
Por al Congreso hidalguense igual acompañó esta reforma y consideró en el segundo transitorio que el Instituto Estatal Electoral (IEEH) y el Tribunal Electoral del Estado (TEEH) revisarán y adecuarán sus disposiciones normativas y administrativas para garantizar el cumplimiento del decreto.
La causal de nulidad de elecciones por presunta intervención extranjera se suma a las establecidas en el Código Electoral local: que demuestre que en el desarrollo de la jornada comicial recibieron la votación en fecha distinta, no instalación del 20 por ciento (%) de las secciones o las que deriven de sentencias del TEEH.
Asimismo, son invalidas las contiendas locales cuando los candidatos que hayan obtenido mayoría de votos en el cómputo de la elección respectiva, sean afectados por causa superveniente que los haga inelegibles para el cargo para el que fueron postulados; el rebase al tope de gastos de campaña en más de 5%.
Que comprueben la compra de cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley; se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas; dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material, además que serán determinantes si la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al 5 por ciento.
También que, acrediten la utilización de símbolos religiosos o la intervención de ministros de culto a favor de las candidaturas o partidos ganadores y sea determinante para el resultado de la misma, finalmente, actos que constituyan violencia política en razón de género.
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