La inflación no siempre golpea el bolsillo de los consumidores de forma inmediata. En ocasiones, el problema comienza lejos de los supermercados, en el precio del combustible, la electricidad o las materias primas, y termina trasladándose meses después a los productos básicos. Ese desfase explica por qué la cesta de la compra vuelve a estar en el centro de la preocupación económica en España.
El Gobierno ha decidido reforzar la vigilancia sobre los precios de los alimentos mediante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La medida, incluida en el decreto ley que prolonga el escudo anticrisis hasta finales de año, busca analizar cómo se distribuyen los costes a lo largo de la cadena alimentaria y qué impacto tienen sobre el consumidor.
El encarecimiento de la energía representa una amenaza para el sector agroalimentario porque afecta a prácticamente todas sus fases. Los agricultores necesitan combustible para trabajar la tierra y transportar las cosechas, mientras que la ganadería depende de la electricidad y de los piensos. A ello se suma el coste de los fertilizantes, cuya fabricación requiere grandes cantidades de gas natural.
El conflicto en Oriente Próximo añade presión a este escenario por sus consecuencias sobre el mercado internacional del petróleo y el gas. Aunque la repercusión inicial no se traduzca automáticamente en una subida equivalente de los alimentos, los efectos pueden acumularse y aparecer progresivamente en los precios finales.
Los datos de septiembre reflejan esa diferencia. La inflación alimentaria se situó en el 2,3%, frente al aumento general del 4,9%. Sin embargo, algunos productos registraron incrementos muy superiores, como los huevos, con un 12,5%, y la carne de vacuno, con un 9,4%.
El precedente de 2022 demuestra que conviene mantener la atención. Durante aquella crisis, el encarecimiento de la energía y otras materias primas coincidió con problemas adicionales, como la sequía, y terminó provocando una fuerte escalada de los precios alimentarios.
La CNMC tendrá que comprobar qué ocurre con los márgenes
La intervención de Competencia introduce una cuestión fundamental: no basta con observar cuánto suben los alimentos, también hay que investigar por qué lo hacen. Una parte del incremento puede responder al aumento real de los costes de producción, pero otra situación muy distinta sería que determinadas empresas aprovechasen la incertidumbre para ampliar sus márgenes sin una justificación suficiente.
La CNMC ya examinó en 2023 si la reducción del IVA de determinados alimentos se trasladaba correctamente a los consumidores. Para ello, analizó más de 60.000 precios y concluyó que la rebaja fiscal había llegado al comprador final.
Ahora el desafío es diferente. El organismo deberá estudiar el funcionamiento de la cadena alimentaria y comprobar si existe una relación razonable entre la evolución de los costes y los precios de venta. También será relevante observar si las tarifas bajan cuando se abaratan la energía y las materias primas.
Esta última cuestión resulta especialmente importante. Los consumidores suelen percibir con rapidez los aumentos, mientras que las reducciones de costes no siempre se traducen con la misma velocidad en una cesta de la compra más barata.
El precedente de la crisis energética obliga a actuar con prudencia
Los economistas consultados en el análisis de esta situación consideran que el escenario actual podría ser menos grave que el de 2022 y 2023. La presión energética presenta diferencias respecto a aquella crisis, cuando el gas, la electricidad, los fertilizantes y la sequía coincidieron para alimentar las subidas.
No obstante, el riesgo aumentaría si se acumulasen nuevos problemas relacionados con el clima, el transporte internacional o las materias primas. Además, el encarecimiento de los alimentos puede mantenerse incluso cuando algunos costes comienzan a moderarse, debido al tiempo que necesita la cadena de producción para adaptarse.
La vigilancia de la CNMC puede aportar transparencia y ayudar a detectar comportamientos injustificados, pero no garantiza por sí sola que los precios bajen. Su eficacia dependerá de la calidad de los datos, de la capacidad para identificar posibles irregularidades y de las medidas que puedan adoptarse a partir de sus conclusiones.
Sin duda, anticiparse a una nueva escalada exige algo más que controlar las etiquetas de los supermercados. También implica vigilar los costes, mejorar la transparencia y evitar que la incertidumbre termine convirtiéndose en una carga permanente para los hogares. Porque, después de años de encarecimiento, cualquier nueva subida de los alimentos supone una presión adicional sobre el presupuesto familiar. @mundiario
