Un diputado local del Partido del Trabajo comparó a las mujeres con caballos. Además de lo escandaloso de ese enunciado, lo que a mí me tiene perpleja es el silencio —casi igual de escandaloso— que vino después.
Las declaraciones del legislador Martín Palacios Calderón fueron ofensivas y preocupantes en un país que tiene representaciones de violencia contra las mujeres en muchos niveles y en prácticamente todos los estados del país.
El petista intentó disculparse después. Aseguró que había reconocido, una vez dichas las declaraciones desastrosas, que las mujeres no son propiedad de nadie y buscó hacer menos daños al asegurar que sus declaraciones buscaban garantizar el cuidado de las mujeres.
Hay muchísimas razones por las que la disculpa está mal hecha. En primer lugar, deberíamos dejar de pensar y asumir que las mujeres son un objetivo necesario de protección paternalista.
Lo que necesitamos es tener una igualdad de derechos, pero no desde la condescendencia sino desde el supuesto de que somos personas, tenemos derechos, obligaciones y no necesitamos conmiseración de nadie.
Enseguida las declaraciones me parecen preocupantes porque somos un país donde en regiones como Chiapas, Oaxaca y algunas regiones del norte del país, es más expedita la justicia en el caso del robo de ganado que en los casos de feminicidio.
Según datos recabados por la UNAM con el Censo de Procuración de Justicia 2025, en las fiscalías de todo el país, se registraron 4 mil 523 casos de feminicidio donde se abrieron carpetas de investigación. Estos datos consideraron lo mismo delitos consumados o en grado de tentativa.
De esos, en 2 mil 229 se llevó a cabo la investigación inicial; 946 fueron presentados ante un juez de control; en 948 se concluyó la investigación complementaria y en 679 se presentó una acusación formal.
Es decir, insistió, sólo el 15% de los casos de feminicidio que tenían las fiscalías se judicializaron, a pesar de tratarse del delito de violencia de género más extremo.
A pesar de estas cifras, la condena y las consecuencias que hubo posteriores a la declaración me parecieron pocas.
Únicamente una diputada de Morena, Anais Burgos, hizo un reclamo, pidió disculpas públicas y un poco más.
Pero más allá de eso, la declaración pasó sin mayor escándalo y a mí eso es lo que me parece preocupante. No porque una persona deba pagar gravemente por un error, sino porque seguimos normalizando ese pensamiento.
No queremos linchar a nadie, pero debemos marcar un punto y tendríamos que explicar desde dónde la declaración está llena de fallas.
Porque la pelea de nuestros derechos viene desde cómo nos enunciamos, desde dónde nos definimos y qué es lo que merecemos.
Y aquí viene la duda genuina: ¿cómo hacemos para enseñar una lección útil y permanente sin iniciar un linchamiento contra quien hace declaraciones de este tipo?
Es una tarea que necesitamos resolver pronto.
@Micmoya