Morena exigió la destitución de Juan Pablo Hernández González, secretario de Seguridad de Jalisco, tras la actuación de las fuerzas policiales durante las manifestaciones por agua contaminada en Guadalajara, que terminaron con enfrentamientos, decenas de personas lesionadas y 39 detenidos.
La petición ocurre mientras siete de los manifestantes permanecen sujetos a un proceso penal y fueron trasladados este martes 13 de octubre al complejo penitenciario de Puente Grande, luego de que la Fiscalía estatal liberara a las otras 32 personas detenidas durante los enfrentamientos del domingo.
Morena responsabiliza a gobierno de Lemus
Durante una conferencia de prensa, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, cuestionó la respuesta de las autoridades estatales ante las demandas ciudadanas y acusó al gobierno de Pablo Lemus de privilegiar la protección de Casa Jalisco sobre la seguridad de los manifestantes.
“Y la respuesta a la gente es resguardar primero la casa del gobernador con acciones violentas desde los elementos de seguridad pública y después resguardar al ciudadano”, señaló.
La dirigente también exigió liberar a quienes considera detenidos injustamente y sostuvo que las autoridades deben distinguir entre quienes participaron pacíficamente en la movilización y quienes pudieron cometer algún delito.
“Nadie puede ser detenido por luchar por sus derechos”, manifestó Morena durante la conferencia.
Montiel también dirigió un mensaje al gobernador de Jalisco, a quien responsabilizó de no atender oportunamente los problemas de calidad del agua que reciben las familias de Guadalajara.
“Si no puede resolver los problemas de la gente, que renuncie y, si no, que se ponga a trabajar”, expresó.
Jalisco defiende operativo y reconoce 39 detenciones
El gobierno estatal sostiene que la manifestación, inicialmente pacífica, fue alterada por un grupo de aproximadamente 400 personas que presuntamente atacaron a elementos policiales frente a Casa Jalisco.
El secretario Juan Pablo Hernández afirmó que los participantes utilizaron piedras, petardos y otras sustancias contra los agentes, versión con la que las autoridades justificaron el despliegue policial.
El saldo oficial fue de 28 policías lesionados y 31 civiles atendidos por los servicios médicos.
Por su parte, el gobernador Pablo Lemus ordenó revisar posibles excesos policiales y aseguró que se aplicarían sanciones si se acreditan irregularidades.
Derechos humanos y crisis del agua
La controversia también provocó pronunciamientos de organismos nacionales e internacionales.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos pidió garantizar el derecho a la protesta, mientras que Gina Romero, relatora especial de Naciones Unidas, solicitó investigar de manera independiente las denuncias de uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias.
La manifestación surgió por el suministro de agua turbia y maloliente en distintas colonias de Guadalajara, un problema que ha generado reclamos contra el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa).
Morena sostuvo que sus legisladores participarán en la búsqueda de soluciones, aunque advirtió que mantendrá sus denuncias contra la actuación de las autoridades estatales.
