La sangre volvió a teñir los bosques de Michoacán este domingo con el asesinato de Roberto Chávez, defensor ambiental de la región de Madera, cuyo crimen confirma que el estado se ha convertido en una zona de alto riesgo para quienes se oponen al saqueo de los recursos naturales.
Reconocido por su férrea oposición a la tala clandestina y al cambio de uso de suelo impulsado por la expansión de la industria del aguacate y células del crimen organizado, el activista fue objeto de un ataque directo que silenció una de las voces más críticas de la zona serrana; previamente ya había recibido amenazas.
Muerte de Roberto Chávez no es un hecho aislado en Michoacán
Este homicidio no es un hecho aislado. Apenas en enero pasado se registró el hallazgo de los activistas Anayeli Hernández y Víctor Manuel Mujica junto a su hija, todos calcinados en un acto de barbarie que pretendía enviar un mensaje de terror a las comunidades en resistencia.
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La zona de Madera, donde asesinaron a Chávez, permanece bajo un asedio constante de grupos armados que han desplazado las autoridades para imponer un régimen de extracción forestal ilegal que alimenta mercados negros de madera.
El panorama nacional es igual de desolador: con la muerte de Roberto Chávez, la cifra preliminar de ambientalistas asesinados en México durante lo que va de 2026 asciende a siete víctimas, lo que mantiene una tendencia letal que ya en 2025 cobró la vida de 22 defensores.
Según datos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y observatorios internacionales, el país acumula más de 123 asesinatos de activistas territoriales en la presente década, con un índice de impunidad que supera 95 por ciento.
Michoacán, junto a Chiapas y Oaxaca, concentra la mayor letalidad, exacerbada por una colusión de intereses entre el extractivismo (modelo económico basado en la explotación intensiva y a gran escala de recursos naturales) y el narcotráfico.
La caída de Chávez deja un vacío en el liderazgo comunitario de Madera y subraya el fracaso de las políticas de seguridad en las regiones forestales del país, donde el activismo ambiental se ha vuelto la profesión más peligrosa.
Muerte de ambientalistas y activistas en la entidad
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Sin embargo, este crimen recuerda una herida que nunca ha cerrado en Michoacán y reactiva el trauma de crímenes emblemáticos que demostraron la vulnerabilidad de quienes custodian la biodiversidad.
El caso más doloroso en la memoria colectiva es el de Homero Gómez González, el Guardián de la Mariposa Monarca, cuyo cuerpo fue hallado en una fosa de El Rosario a principios de 2020. tras desaparecer por defender el santuario de la tala ilegal.
A este se sumó pocos días después el asesinato de Raúl Hernández Romero, guía de turistas en la misma reserva.