El mundo cambió; el país también. El giro no ha sido virtuoso. Al contrario: si antes estábamos mal, ahora estamos peor en casi todos los rubros, particularmente en México. Cualquiera de los indicadores relevantes muestra un deterioro significativo, en especial en los que más importan: seguridad, legalidad y bienestar.
Los publicistas del régimen invocarían los programas sociales y el incremento de los ingresos para disputar esta afirmación. Pero cabe preguntarse: ¿realmente las asignaciones directas y universales han significado un cambio, cuando al mismo tiempo se ha deteriorado gravemente la red social de bienestar? La educación pública padece una situación deplorable; igual que los servicios de salud. Y ni qué decir de las adversas condiciones de vida de amplios sectores de la población. Si se comparan las cifras de pobreza extrema con las del reducido grupo de los superricos, quedaría claro quiénes han sido los beneficiarios del cambio.
Para el observador resulta indispensable ubicarse en la nueva realidad. El mundo, tal como se conocía, dejó de existir. México, incluso, se anticipó a ese proceso. Los referentes de certeza jurídica que acotaban a la autoridad fueron golpeados durante el gobierno de López Obrador, y con la reforma judicial promovida por la presidenta Sheinbaum desapareció el más efectivo de ellos: un Poder Judicial responsable de hacer valer la Constitución y la legalidad.
Trump inauguró su presidencia con la imposición inconstitucional de aranceles. Para justificarla invocó causales extraordinarias que no existían, como recientemente resolvió la Corte. Al mismo tiempo, la corrupción se desbordó. Puede decirse que un presidente con conducta criminal honró esa condición por la forma en que se coludió con distintos actores para enriquecerse junto con su familia. Resulta escandaloso y revela extremos de cinismo impensables, que anticipan que, de perder las elecciones, su destino podría ser la cárcel.
La incertidumbre llegó para quedarse. La pérdida de liderazgo y prestigio de Norteamérica difícilmente podrá revertirse. México transita una ruta similar. No existe poder independiente del régimen político, ni un poder presidencial sólido, porque la institución misma se ha deteriorado severamente al perder su expresión institucional.
La presidenta ordena, pero no manda; gobierna, pero no conduce, porque no detenta el poder real. Decidió prescindir de su principal recurso de autoridad: la Constitución y el régimen de justicia. En el desdén por la legalidad, Estados Unidos y México coinciden, con una diferencia sustancial: allá la Corte existe, también una efectiva libertad de expresión y una ciudadanía capaz de sancionar con su voto al mal gobierno.
No es así en México. La mejor prueba es la elección de 2021, cuando el gobierno fue premiado a pesar de la gestión desastrosa de la pandemia que costó más de doscientas mil vidas, además de ciento treinta mil asesinados y desaparecidos en los primeros tres años de gobierno.
Vivir en la incertidumbre es el desafío, porque se ha prescindido de la ley. Donald Trump decidió hacerse de Venezuela; no recurrió a elecciones ni a tribunales, sino a una operación militar mediante la cual fue detenido el dictador Nicolás Maduro. El chavismo terminó convertido en colaboracionista, en términos semejantes al régimen francés de Vichy durante la ocupación nazi.
La “excursión” en Venezuela lo confundió y cayó en la trampa que le tendió Benjamin Netanyahu, interesado en acabar con Irán. Así comenzó una aventura que ha desestabilizado al mundo —más allá de lo que ya había hecho—, y cuyo desenlace es incierto. Sin importar el malestar dentro de Estados Unidos por su militarismo, inició una guerra absurda, de objetivos discutibles y, peor aún, sin claridad sobre su evolución ni sus consecuencias globales.
Debe tomarse en serio la amenaza de Trump de emprender una iniciativa militar en territorio mexicano. La presidenta Claudia Sheinbaum, en su comprensible intento de proyectar serenidad, aparece fuera de lugar frente a la magnitud de los problemas que enfrenta. La presidenta reconoce que no participó ni ordenó el operativo que llevó al aniquilamiento del líder del CJNG.
La incertidumbre en México no se limita a la economía. También afecta la certeza de los derechos, tras la destrucción del Poder Judicial. Pero aún más grave es que no solo la derrota del partido gobernante ni la integridad de la cúpula política están en juego. La impunidad y el fuego cruzado entre narcotraficantes vinculados a la política y el gobierno estadounidense ponen en riesgo algo mayor: la soberanía nacional y la integridad misma del país.
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