El Congreso de la Ciudad de México analizará una iniciativa para establecer reglas obligatorias sobre el uso de cámaras corporales por policías de la CDMX, con el objetivo de que detenciones, cateos, persecuciones, inspecciones y actuaciones con uso de la fuerza queden registradas en video.
La propuesta, presentada por el diputado del PAN, Andrés Sánchez Miranda, plantea definir en la legislación cuándo deberán encenderse estos dispositivos, durante cuánto tiempo tendrán que permanecer activos y qué deberá ocurrir cuando un elemento policial omita o interrumpa deliberadamente una grabación.
Actualmente, la Ciudad de México ya cuenta con cámaras corporales destinadas a registrar determinadas actuaciones policiales. Sin embargo, de acuerdo con el legislador, la regulación vigente establece mecanismos para conservar y autentificar las grabaciones, pero no precisa suficientemente los momentos en los que los agentes están obligados a activar los equipos.
(Suministrada)Cámaras deberán encenderse en detenciones y cateos
La iniciativa propone reformar disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana y de la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Ciudadana, ambas de la capital.
El proyecto contempla que las cámaras corporales permanezcan encendidas desde el inicio y hasta la conclusión de las intervenciones policiales consideradas de mayor relevancia.
Entre las actuaciones que deberán quedar registradas se encuentran las detenciones, inspecciones, controles preventivos, persecuciones y puestas a disposición, así como el cumplimiento de órdenes ministeriales o judiciales.
La propuesta también considera determinados ingresos a domicilios, hechos de tránsito en los que existan personas lesionadas o detenidas y situaciones donde se utilice la fuerza pública o exista una posibilidad razonable de recurrir a ella.
“No aspiramos a grabar cada minuto de la jornada laboral de un policía. Queremos registrar los momentos importantes en el que el Estado, a través de sus elementos policiales, ejerce la autoridad sobre las personas, sobre las calles, sobre el espacio público”, señaló Sánchez Miranda.
Policías deberán explicar por qué dejaron de grabar
Uno de los puntos centrales de la iniciativa establece que, cuando una grabación no sea iniciada, se interrumpa o concluya antes de terminar una intervención, el agente deberá informar lo ocurrido y explicar las razones.
La justificación tendría que quedar asentada tanto en un informe como en el registro institucional correspondiente.
El objetivo es diferenciar fallas técnicas o circunstancias involuntarias de aquellas situaciones en las que un policía hubiera decidido deliberadamente evitar que su actuación quedara registrada.
“No basta con comprar cámaras. Hay que establecer cuándo se encienden; en qué condiciones; cómo se conserva la información; cómo se debe hacer la cadena de custodia; quién puede acceder a ella y, sobre todo, qué va a pasar cuando se incumplen las obligaciones deliberadamente por nuestros cuerpos policiacos”, afirmó el legislador.
¿Las grabaciones de cámaras corporales de policías pueden manipularlas?CDMX ya utiliza cámaras corporales con policías
Sánchez Miranda recordó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ya utiliza este tipo de tecnología en algunas de sus operaciones.
En 2024, la dependencia informó que el programa Conduce Sin Alcohol contaría con 250 cámaras corporales para registrar la actuación de los policías durante las revisiones realizadas a conductores.
La nueva propuesta busca ir más allá de la existencia de los dispositivos y establecer en la ley obligaciones específicas para su utilización durante procedimientos donde puedan existir controversias sobre la actuación policial.
Según el legislador, contar con registros audiovisuales también podría servir para respaldar a los policías que actúen conforme a los protocolos, además de aportar elementos ante investigaciones o procedimientos derivados de una intervención.
La iniciativa plantea que las grabaciones puedan convertirse en una herramienta para esclarecer hechos, fortalecer la cadena de custodia de la evidencia y reducir controversias respecto al comportamiento tanto de agentes como de ciudadanos durante un operativo.
Tras su presentación ante el pleno del Congreso capitalino, la Mesa Directiva turnó la iniciativa a la Comisión de Seguridad Ciudadana, donde deberá ser analizada y dictaminada antes de que eventualmente pueda avanzar hacia una votación.