El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha elevado al máximo la tensión institucional al denunciar de forma tajante que la protesta por la vivienda instalada en la Puerta del Sol ha dejado de ser una movilización pacífica tras detectarse el acopio de adoquines, cuchillos de grandes dimensiones y hornillos en el interior de las tiendas de campaña.
La confrontación, que comenzó el pasado sábado tras el desahucio de una mujer de 87 años, Maricarmen, se ha transformado en un agrio cruce de acusaciones sobre las competencias de orden público y la seguridad en el corazón de la capital. Con el fin de forzar la intervención del Gobierno central, el consistorio madrileño ha elaborado un detallado informe gráfico que pretende demostrar el peligro inminente que supone la permanencia de este campamento ilegal en pleno centro de la ciudad.
La mecha de la indignación municipal se prendió cuando los servicios de inspección y control constataron que parte de los integrantes de la acampada habían extraído bloques de pavimento de varias obras cercanas a la plaza, como las reformas que se ejecutan en la contigua plaza de Jacinto Benavente.
Según el regidor, el almacenamiento de estos adoquines no tiene una finalidad constructiva ni simbólica, sino que están siendo acumulados con la clara intención de ser utilizados como armas arrojadizas contra las fuerzas de seguridad en caso de un intento de desalojo. A esta alarmante situación se suma el hallazgo de armas blancas de considerable tamaño.
Para el Ayuntamiento de Madrid, la presencia de estos elementos corta de raíz cualquier argumento que pretenda catalogar la acampada de Sol como un ejercicio legítimo y pacífico del derecho de reunión. La preocupación no solo radica en el potencial uso de violencia física, sino también en el grave riesgo de siniestralidad que representan los hornillos de gas localizados en el interior del recinto.
El clima de hostilidad se ha visto agravado por diversos actos de vandalismo que han encendido los ánimos en el Palacio de Cibeles. Uno de los episodios más criticados ha sido el deterioro del monumento del Oso y el Madroño, un emblema de gran valor histórico y turístico que ha amanecido cubierto de pegatinas y pintadas de corte político.
Entre los mensajes impresos en el mobiliario urbano destacan consignas como «eat the rich» (comeros a los ricos) y amenazas directas como «Ayuso, cuidado», dirigidas a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ante este escenario, la Policía Municipal ha procedido a perimetrar y vallar la famosa escultura con el propósito de frenar nuevas agresiones patrimoniales.
En el plano político y administrativo, el conflicto ha desatado una guerra de competencias entre las administraciones madrileñas, controladas por el Partido Popular, y el Ejecutivo central. Tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid han remitido un requerimiento formal otorgando un plazo improrrogable de 48 horas a la Delegación del Gobierno para que dé la orden de desalojo inmediato.
Sin embargo, la respuesta del delegado gubernamental, Francisco Martín, ha sido hasta el momento de extrema cautela, defendiendo que la Policía Nacional no debe intervenir mientras las movilizaciones discurran dentro de unos cauces razonablemente pacíficos. Esta postura ha desatado la indignación de Almeida, quien acusa a la Delegación de incurrir en una absoluta dejación de funciones y una negligencia grave que desborda el marco legal de la convivencia ciudadana.
Ante lo que consideran una inacción cómplice por parte de la Moncloa, el equipo de gobierno del Ayuntamiento está estudiando la posibilidad de emprender acciones legales de carácter penal contra el delegado del Gobierno si expira el plazo otorgado sin que se proceda a liberar el espacio público. El consistorio ha aclarado que la Policía Municipal carece de la cobertura competencial necesaria para ejecutar por su cuenta una intervención de orden público de esta envergadura.
Almeida ha subrayado además que el detonante inicial de la acampada —el desahucio de la anciana Maricarmen— ya fue solucionado de forma satisfactoria gracias a la intermediación directa de los servicios sociales de vivienda de la corporación municipal.
Por todo ello, desde la alcaldía se sostiene que la problemática habitacional es un mero pretexto utilizado por grupos radicales para desestabilizar la capital y generar desorden público con la supuesta connivencia de las fuerzas políticas de la izquierda.
Con el dosier de pruebas fotográficas sobre la mesa, que incluye imágenes explícitas de los adoquines y los cuchillos requisados, el gobierno municipal confía en que la justicia penal o el sentido común fuercen al Ministerio del Interior a actuar de urgencia para restaurar la normalidad y la seguridad jurídica en las calles de Madrid. @mundiario
