Hay en la retórica de la moderna agitación social un candor que roza lo sublime, una ingenuidad tan magistralmente empaquetada que uno no sabe si arrodillarse ante el genio del espectáculo o romper a llorar por las víctimas de la comparsa.
El otro día, ante los micrófonos devotos de la televisión y las libretas ansiosas de la prensa de orden, compareció una dignísima portavoz del «Sindicato de Inquilinas».
Matícese el género, por favor, no fuéramos a incurrir en la sospechosa neutralidad del castellano antiguo ni a contaminar la sagrada lucha de clases con la presencia del elemento masculino.
«Inquilinas», sí señor. Porque el desahucio, como todo el mundo sabe en los ministerios de cuota y en las asambleas de barrio, debe ser una vivencia con perspectiva de género.
La representante, pertrechada de esa suficiencia altiva que solo otorga la ignorancia supina de las reglas más elementales de la aritmética, lanzó su ultimátum al Ejecutivo: o el Gobierno promulga de inmediato un Decreto Ley donde quede «muy clarito» que los contratos de arrendamiento serán de precio fijo y de duración indefinida, o se acabaron los miramientos.
Muy clarito. Sin letra pequeña. La vivienda, proclamaba con la voz trémula del activismo profesional, dejará de ser una mercancía para convertirse, por mandato del Boletín Oficial del Estado y varita mágica de la norma, en un refugio eterno, inamovible y blindado contra la realidad.
Pero, sinceramente, ¿por qué quedarse ahí? Uno no puede sino adscribirse con entusiasmo desbordante a mentes tan luminosas, pródigas e insuperables como las que custodian la doctrina de tal sindicato. Si nos ponemos a redactar utopías a golpe de decreto, hagámoslo con todas las consecuencias y con un par de narices.
Exijamos que el contrato no solo sea indefinido, sino que incluya el derecho inalienable a no abonar un solo euro a partir del segundo mes de estancia si al inquilino le sobreviene un quebranto financiero o, simplemente, un ataque de pereza existencial. ¡Qué menos!
Si la propiedad privada es un mito burgués y el mercado una invención de mentes perversas, decretemos la gratuidad universal del techo y exijamos que el propietario corra también con los gastos de la comunidad, el IBI y la derrama del ascensor. Faltaría más.
Qué hallazgo tan deslumbrante. Qué sencillez tan desarmante. ¿Cómo es posible que a los economistas de Salamanca, a los teóricos de Viena o a los legisladores romanos no se les hubiera ocurrido antes solución tan liviana?
El problema de la escasez se resuelve redactando una línea en el BOE. Bastaría con decretar que el pan cueste diez céntimos para siempre, que la lluvia caiga los martes de dos a cuatro y que la escasez quede abolida mediante Real Decreto con rango de extrema urgencia.
La economía, ese molesto artefacto lleno de curvas de oferta y demanda, disuelta de un plumazo por la lírica pancartera. Nos estamos volviendo locos. Pero locos rematados, todos, sin excepción alguna: unos por proponer semejantes disparates con la cara desencajada de solemnidad, otros por aplaudirlos en horario de máxima audiencia y el resto por asistir atónitos al suicidio colectivo del sentido común.
Porque detrás de esta comedia de consignas, detrás del espectáculo de los megáfonos y las pancartas perfumadas de superioridad moral, la realidad sigue cobrándose sus piezas en el suelo frío de la calle. Y es ahí, justo en la acera, donde la ironía se quiebra, donde la sátira se atraganta en la garganta y aparece la figura desgarradora de Maricarmen.
Maricarmen no acude a las asambleas del Sindicato de Inquilinas. Tampoco domina la jerga del lenguaje inclusivo ni le da tiempo a teorizar sobre el colapso del capitalismo financiero entre café y café de especialidad.
Maricarmen tiene ochenta y siete años, las varices como cordones de fraile y las manos agrietadas de fregar los portales que otros ensucian mientras arreglan el planeta. Maricarmen vive en un tercero sin ascensor desde hace cuatro décadas. Ha pagado su renta con la puntualidad de los pobres, restándole céntimos a la carne de ternera y racionando la calefacción en los meses más oscuros de enero.
Pero la realidad, esa que las iluminadas del decreto ignora con tanto orgullo, no perdona. El piso donde habita Maricarmen pertenece a un pequeño ahorrador, o quizás ha sido vendido tras una herencia conflictiva. Y en este clima de delirio normativo, donde la ley amenaza con congelar precios para siempre y proteger la okupación o el impago impune, el pánico se ha apoderado del mercado. El propietario no quiere líos ni riesgos de confiscación encubierta; prefiere vender, cerrar la puerta a cal y canto o destinar el piso al alquiler turístico.
Mientras la portavoz del sindicato exige decretos indefinidos desde la moqueta de una rueda de prensa, a la puerta de Maricarmen llega la notificación con el sello del juzgado. Ese pedazo de papel blanco, frío, aséptico, que pesa más que una losa de granito. En él no hay perspectiva de género, ni rima de manifestación, ni solidaridad de clase; hay una fecha, una hora y una orden de lanzamiento.
El día señalado no están las cámaras de televisión que cubren las proclamas del sindicato. Tampoco están los asesores con sueldo público que redactan los borradores de las leyes «bien claritas».
Hay únicamente dos furgonetas de la Policía con los motores al ralentí, un cerrajero con la caja de herramientas en la mano, un procurador con cara de prisa y dos vecinos que miran hacia otro lado por pura vergüenza ajena o por pánico al contagio de la desgracia.
Y ahí sale Maricarmen. No lleva una pancarta. Lleva dos bolsas de rafia donde ha metido los restos desvencijados de su vida: las fotos en blanco y negro de sus padres, una figurita de porcelana con una oreja rota, las medicinas para la tensión y la colcha de ganchillo que tardó dos inviernos en tejer. Camina despacio, apoyándose en el pasamanos de una escalera que ya no le pertenece, mientras el cerrajero cambia el bombín con un chasquido metálico que suena a sentencia definitiva.
La paradoja es tan cruel que produce vértigo. Cuanto más chillan las salvadoras de la patria inquilina, cuanto más radical es la exigencia de intervenir, fijar, congelar e intervenir los precios, más pisos desaparecen de la oferta. El propietario echa la llave, el fondo inversor litiga con bufetes millonarios y el ciudadano medio queda atrapado en una selva donde encontrar un techo exige avales imposibles y precios de alquiler astronómicos. Y quién paga la fiesta de tanta ingeniería utópica? Maricarmen. Siempre Maricarmen.
Las portavoces del sindicato volverán a sus casas reconfortadas por la convicción ideológica de estar en el lado correcto de la historia. Publicarán un hilo en redes sociales para alimentar el ego de sus seguidores y echarán la culpa al fascismo o al capitalismo feroz. Mientras tanto, en la esquina de cualquier barrio obrero, bajo la lluvia fina que no entiende de proclamas ni de sindicatos con "a", Maricarmen busca un banco donde sentarse a esperar que alguien, en esta sociedad tan absurdamente bienpensante y tan profundamente desalmada, se acuerde de que los derechos no se comen, que la demagogia no paga el alquiler y que las leyes redactadas desde el adanismo infantil solo sirven para dejar a los más vulnerables con la llave en la mano y la casa vacía.
P.S. —No sé el porqué, pero la sindicalista inquilina me ha recordado a otra muchacha que decía (sic) que “los gallos eran muy malos porque violaban a las gallinas”. No sé por qué. Igual ha sido por el derroche de inteligencia que ambas nos han regalado.
¡Vaya usted a saber! @mundiario
