La crisis de la vivienda ha dejado de ser únicamente una cuestión social para convertirse en una prueba parlamentaria de primer orden para el Gobierno de Pedro Sánchez. Los dos reales decretos aprobados por el Consejo de Ministros llegan al Congreso con apoyos suficientes en algunos bloques de la izquierda, pero sin una mayoría completamente asegurada. Y en ese escenario, el pronunciamiento del Sindicato de Inquilinas ha tenido un efecto político inmediato: ha reducido de forma considerable el espacio de Podemos para desmarcarse.
El movimiento no tiene representación parlamentaria, pero su capacidad de movilización ha adquirido un peso relevante desde la acampada de la Puerta del Sol y las protestas posteriores. Su decisión de pedir expresamente a todos los grupos que convaliden los dos decretos modifica la posición de una formación que había convertido precisamente el criterio del sindicato en uno de los elementos para decidir su voto.
Podemos había cuestionado con dureza la estrategia del Ejecutivo de dividir el paquete en dos textos. Ione Belarra había acusado al Gobierno de separar las medidas más ambiciosas y había reclamado un único decreto que incluyera todas las reivindicaciones relacionadas con la vivienda. La formación también había evitado inicialmente confirmar su voto, pese a que sus cuatro diputados podían resultar determinantes.
La situación cambió cuando la Confederación de Sindicatos de Inquilinas reclamó públicamente la aprobación de ambos textos y convocó movilizaciones para presionar al Congreso. La dirección de Podemos terminó anunciando que votará a favor. Pablo Fernández confirmó esa posición, mientras Belarra había definido previamente a su partido como una “herramienta” de la movilización social.
Eso permite responder a una de las preguntas centrales del debate: ¿votará Podemos a favor? A fecha de este miércoles, la posición anunciada por la formación es que sí. Lo que todavía está abierto no es tanto el voto de los morados como las condiciones parlamentarias necesarias para que ese respaldo permita aprobar las normas.
La aritmética explica la dificultad. El bloque progresista y varios grupos territoriales pueden reunir una cifra importante de votos, pero la mayoría de investidura ya no funciona como un bloque automático. El PP, Vox y UPN se sitúan en el rechazo, mientras que ERC, EH Bildu, BNG y Sumar han expresado su respaldo a las medidas. El problema se concentra en los grupos cuyos votos pueden inclinar el resultado: especialmente Junts y, dependiendo del recuento definitivo, el PNV y Coalición Canaria.
Junts es la incógnita más importante. La formación catalana ha expresado “decepción” y “preocupación” por los decretos, pero no ha anticipado el sentido de su voto. Sus siete diputados pueden resultar determinantes en una votación extremadamente ajustada. La propia formación ha trasladado al Gobierno una respuesta que resume la incertidumbre: habrá que “mirar el marcador” cuando llegue el momento de votar.
El PNV se encuentra también en una posición relevante. La suma de apoyos potenciales ha variado durante las negociaciones y el Gobierno necesita que los grupos que inicialmente respaldan las medidas mantengan su posición. En una votación de estas características, no basta con contabilizar quién está a favor en términos políticos: hay que saber exactamente cuántos diputados estarán presentes, cuántos votarán afirmativamente y qué grupos optarán por la abstención.
La división de los decretos añade otra dificultad. El primer texto contiene medidas como la prórroga de determinados contratos de alquiler, la protección frente a desahucios de personas vulnerables y restricciones relacionadas con la adquisición de viviendas por determinados fondos. El segundo incorpora la renovación automática de contratos, una reivindicación central del Sindicato de Inquilinas y una de las medidas que más tensión ha generado dentro de la negociación.
Esta separación es precisamente uno de los puntos que Podemos ha utilizado para criticar al Ejecutivo. Desde su perspectiva, dividir las medidas permite al Gobierno presentar como avance un paquete que deja fuera, en un texto separado y parlamentariamente más vulnerable, la reforma considerada más ambiciosa.
El Ejecutivo defiende otra lectura: separar los contenidos permite intentar salvar una parte de las medidas aunque no exista una mayoría para todas. Es una estrategia de supervivencia parlamentaria en una legislatura en la que la mayoría de investidura ha perdido buena parte de la disciplina que tuvo al comienzo.
El Sindicato de Inquilinas, por su parte, no acepta esa distinción. Su posición consiste en reclamar la aprobación de los dos decretos y mantener la movilización independientemente del resultado. Ha convocado caceroladas y nuevas manifestaciones en distintas ciudades para presionar a los diputados antes y después de la votación.
Su intervención también ha trasladado la presión al Partido Popular. La portavoz Alicia del Río acudió a la sede del PP en Madrid y reclamó públicamente a Alberto Núñez Feijóo que explique qué votará su grupo. Feijóo ya ha confirmado el rechazo del PP a las dos normas.
Aquí aparece una de las características más relevantes de esta crisis: el movimiento de vivienda está intentando convertir una discusión técnica sobre contratos, desahucios y regulación del alquiler en una cuestión de responsabilidad política individual. El objetivo de las movilizaciones es que los diputados tengan que justificar públicamente su posición ante un problema que afecta a una parte creciente de la población.
La estrategia ha tenido un efecto especialmente visible sobre Podemos porque la formación mantiene una relación política estrecha con los movimientos sociales vinculados a la vivienda. Un voto contrario a unos decretos que el propio Sindicato de Inquilinas considera insuficientes pero necesarios habría obligado a Podemos a explicar por qué rechazaba unas medidas respaldadas por el movimiento al que había decidido escuchar antes de votar.
Eso no significa que el sindicato controle el voto de Podemos ni que la formación haya abandonado sus propias posiciones. Podemos continúa considerando insuficientes las medidas y mantiene reivindicaciones de mayor alcance, como la intervención sobre el parque de viviendas en manos de grandes propietarios o reducciones de los precios del alquiler. Lo que ha cambiado es la relación entre esas exigencias y la decisión parlamentaria inmediata.
El Gobierno también afronta una contradicción. Ha conseguido sacar adelante en el Consejo de Ministros un paquete de medidas de vivienda después de una negociación compleja con Sumar, pero llega al Congreso sin tener asegurada la mayoría. La división en dos decretos permite mantener parte del contenido, pero también multiplica las votaciones y, con ellas, las posibilidades de derrota.
La situación demuestra hasta qué punto la vivienda se ha convertido en uno de los asuntos capaces de alterar los equilibrios parlamentarios. La presión social ha aumentado, los grupos de izquierda reclaman medidas más profundas y los partidos nacionalistas utilizan su posición para negociar, mientras el principal partido de la oposición rechaza el modelo regulatorio planteado por el Gobierno.
Por ahora, el escenario permite afirmar algo concreto: Podemos ha anunciado que apoyará los dos decretos, después de que el Sindicato de Inquilinas pidiera expresamente su convalidación. Pero ese sí no basta para cerrar la votación. Junts continúa sin desvelar su posición y el PNV también resulta relevante para la aritmética final.
El viernes, por tanto, no se decidirá únicamente el futuro inmediato de dos normas de vivienda. La votación servirá también para comprobar hasta qué punto sigue existiendo una mayoría parlamentaria capaz de sostener al Gobierno en cuestiones sociales de alto impacto. Para Podemos, el episodio deja una conclusión política más limitada pero significativa: puede mantener sus críticas al Ejecutivo y defender que los decretos son insuficientes, pero ha optado por no convertir esas discrepancias en un voto contrario a las medidas que el principal movimiento organizado de inquilinos del país reclama aprobar.
La incógnita decisiva queda ahora en otro lugar: qué harán Junts y el PNV y si los apoyos finalmente comprometidos alcanzarán para que los dos decretos superen el Congreso. Esa es la aritmética que decidirá si la presión de la calle termina traducida en una mayoría parlamentaria. @mundiario
