MORELIA, Mich., 13 de abril de 2026.- La aspirante a una de las tres consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE), Alma Rosa Bahena Villalobos, anunció que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tras la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que confirmó su exclusión del proceso, el cual, afirmó, estuvo marcado por falta de certeza, inconsistencias y obstáculos para la participación.
En entrevista, la también magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, sostuvo que su exclusión no fue debidamente acreditada por la autoridad responsable y que, pese a ello, la Sala Superior validó ese criterio sin aplicar el principio que más favorece a la ciudadanía.
“La Sala Superior adoptó el criterio de la autoridad responsable, es decir, actuó aplicando el principio pro autoridad y no el principio pro persona”, afirmó.
Explicó que el principio pro persona obliga a privilegiar la interpretación que garantice de mejor manera los derechos político electorales, particularmente en juicios que tienen como finalidad su restitución, lo que, dijo, no ocurrió en su caso.
Bahena Villalobos señaló que en un primer momento la autoridad argumentó que no había presentado un documento bajo protesta de decir verdad, pero nunca acreditó esa afirmación con pruebas.
“En un primer momento la autoridad electoral dijo que yo no había adjuntado un documento, sin embargo, nunca aportaron esa prueba”, indicó.
Posteriormente, añadió, la propia autoridad cambió su versión al señalar que había subido un documento distinto, sin precisar cuál ni aportar evidencia que sustentara ese señalamiento.
“En otro momento dijeron que yo había subido otro documento, sin embargo, tampoco aportan cuál es el documento que presuntamente yo subí”, sostuvo.
A partir de ello, afirmó que se mantiene una falta de certeza sobre las razones reales de su exclusión, lo que, dijo, también afecta a otros aspirantes.
Incluso, aseguró haber acreditado que al menos a tres personas más sí se les requirió el mismo documento que a ella, lo que evidencia un trato diferenciado dentro del procedimiento.
“Si a nadie de los participantes le hubiesen requerido ese mismo documento, pues tal vez habría concedido razón, pero a tres personas más sí les requirieron”, señaló.
La aspirante enmarcó su caso en un problema más amplio del proceso, que coincide con otros señalamientos sobre fallas en su diseño y operación.
Indicó que ya ha participado en anteriores convocatorias para integrar órganos electorales y que en ninguna había observado un nivel de restricción como el actual. “No es la primera vez que participo y en ninguna había habido esta oposición, resistencia u obstaculización para que la ciudadanía pudiera participar”, afirmó.
Recordó que la propia convocatoria contemplaba la posibilidad de prevenir a las personas aspirantes en caso de irregularidades en la documentación, lo que en su caso no ocurrió, pese a que es un mecanismo básico para garantizar equidad.
“Siempre hay esta posibilidad de la prevención para subsanar, pero aquí no se dio”, apuntó.
También cuestionó la actuación del Tribunal Electoral, al considerar que prolongó innecesariamente la resolución del caso. Señaló que, si ya existían proyectos listados, debió resolverse de manera inmediata, sobre todo en un procedimiento con plazos tan reducidos.
“No tendría por qué haber suspendido la sesión del martes, creo que sí habría sido importante que entonces resolviera mucho antes”, expresó.
Advirtió que este tipo de dilaciones afectan directamente la posibilidad de restituir derechos, al permitir que el proceso avance y deje sin materia las impugnaciones.
“Las autoridades están obligadas a resolver lo más pronto posible para no aletargar ni hacer complicado el cumplimiento de las determinaciones y restituir en los derechos”, señaló.
Frente a este escenario, confirmó que ya prepara el expediente para acudir al sistema interamericano, al considerar que se vulneraron sus derechos político electorales de acceso al cargo.
“Sí, acudiré y ya estoy armando el expediente correspondiente”, afirmó, al agregar que buscará acreditar que la autoridad no se apegó a la convocatoria, que no se le permitió subsanar supuestas irregularidades y que no se comprobó la causa de su exclusión.
“Se me violentaron mis derechos político electorales de acceso al cargo por no permitir seguir participando y cuando además no acreditó la autoridad cuál fue el documento”, sostuvo.
Bahena Villalobos advirtió que el proceso debió privilegiar la participación de la mayor cantidad de aspirantes y que fuera la evaluación de conocimientos la que definiera a los mejores perfiles, no una exclusión en etapas preliminares sin claridad ni sustento.
En ese contexto, su caso se suma a los cuestionamientos sobre la forma en que se desarrolla el concurso para renovar tres espacios en el Consejo General del INE, en el que han sido señaladas inconsistencias, falta de transparencia y condiciones desiguales para competir.
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