En México la llamada “primera dama” no existe jurídicamente, no está prevista en la Constitución, no tiene base normativa, no posee atribuciones formales, tampoco responsabilidades públicas.
El problema comienza justamente ahí, en ese vacío legal que permite que alguien cercano al poder presidencial pueda beneficiarse de su proximidad sin ser autoridad, sin estar sujeto a controles institucionales, sin tener obligaciones de rendición de cuentas.
El caso de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, expone con claridad ese problema estructural del presidencialismo mexicano.
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