La Oficina del Contralor de la Moneda de Estados Unidos (OCC, por sus siglas en inglés), organismo federal encargado de supervisar a los bancos nacionales, acusó a nueve de las mayores entidades financieras del país de haber negado o limitado servicios a clientes por sus opiniones políticas, religiosas o sociales.
En un informe publicado este miércoles, el organismo señaló que sus hallazgos apuntan a políticas internas que habrían restringido el acceso al sistema bancario sin criterios objetivos basados en el riesgo financiero. Según la revisión, estas prácticas afectaron tanto a clientes individuales como a empresas que desarrollan actividades legales.
La investigación examinó cerca de 100 mil quejas y aproximadamente 50 mil documentos entregados por JPMorgan Chase, Bank of America, Citibank, Wells Fargo, U.S. Bank, Capital One, PNC Bank, TD Bank y BMO.
El contralor de la moneda, Jonathan Gould, afirmó que el reporte documenta casos de exclusión financiera y defendió que los estadounidenses puedan acceder a servicios bancarios independientemente de sus creencias, afiliaciones o posiciones políticas.
“Los estadounidenses deberían tener acceso a servicios financieros independientemente de sus creencias, afiliaciones o puntos de vista políticos”, sostuvo Gould.
¿Qué sectores habrían sido afectados?
De acuerdo con el organismo, las restricciones identificadas alcanzaron a actividades empresariales consideradas políticamente sensibles, entre ellas:
- Exploración y producción de petróleo y gas.
- Minería de carbón.
- Fabricación y distribución de armas de fuego y municiones.
- Construcción y operación de centros de detención.
- Fabricación, distribución y venta por internet de tabaco y cigarrillos electrónicos.
La OCC señaló que algunas directrices internas eran demasiado amplias y carecían de parámetros objetivos vinculados con el riesgo. En consecuencia, habrían contribuido a limitar servicios financieros a negocios legales por consideraciones ideológicas o reputacionales.
El organismo también indicó que los nueve bancos han revisado el papel del llamado riesgo reputacional en sus decisiones para aceptar nuevos clientes o terminar relaciones comerciales. Varias entidades afirmaron haber reducido su dependencia de ese criterio y señalaron que ahora debe evaluarse junto con otros factores, como el riesgo crediticio, el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
La respuesta de los bancos
JPMorgan Chase aseguró que tomó en serio las observaciones y que ha introducido mejoras en sus prácticas. La entidad también sostuvo que el entorno regulatorio anterior contribuyó a generar una cultura de cautela en el sector bancario.
El banco afirmó que sus políticas prohíben discriminar a los clientes por sus opiniones políticas o religiosas.
Por su parte, el Bank Policy Institute, organización de cabildeo que representa a entidades bancarias, respaldó el establecimiento de criterios claros y uniformes para garantizar el acceso a los servicios financieros sin descuidar la gestión de riesgos.
La organización añadió que continuará trabajando con la administración federal y el Congreso en propuestas para evitar que las creencias políticas o religiosas determinen injustamente el acceso de los clientes a los servicios bancarios.
Wells Fargo y Citigroup declinaron comentar el informe, mientras que PNC Bank indicó que revisaba los hallazgos. Bank of America, U.S. Bank y Capital One no habían respondido a las solicitudes de comentarios al momento de la publicación del reporte original.
La revisión responde a una orden de Trump
La investigación se realizó en cumplimiento de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump titulada Garantizar el acceso justo a los servicios bancarios para todos los estadounidenses. El mandato buscaba determinar si las políticas de las entidades financieras exigían o influían en decisiones para negar o restringir servicios por creencias políticas o religiosas, o por actividades comerciales legales.
La administración Trump ha cuestionado las prácticas conocidas como debanking, término utilizado para describir la negativa de un banco a prestar servicios o la terminación de una relación financiera. El debate gira en torno a si las entidades pueden excluir clientes por motivos reputacionales o ideológicos, más allá de los riesgos financieros y legales.
La OCC adelantó que estudia nuevas normas y posibles medidas adicionales para impedir la discriminación de clientes actuales y potenciales por sus opiniones políticas o religiosas. También coordina su revisión con otros organismos federales y estatales.
Gould, sin embargo, advirtió que los cambios anunciados por algunos bancos podrían no ser suficientes para corregir las prácticas detectadas.
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