Acabar desde lo estatal con los llamados “privilegios”, del llamado Plan B presidencial de la reforma electoral, es finalmente instrumentar en los estados lo que no fue posible en el ámbito federal.
Los presidentes municipales, síndicos y regidores, al igual que los diputados locales, se preguntarán ¿y nosotros por qué?
Acotar la representación proporcional en las Legislaturas locales y los cabildos no deja de ser un atentado a la democracia representativa de las minorías.
El Plan B va más allá, pretende achicar la composición de los cabildos y de los congresos locales en el número de representantes populares.
Se tratada de una medida de berrinche presidencial que trastoca la soberanía de los estados y la autonomía de los municipios, con el pretexto populista de que los presidentes municipales, regidores y funcionarios no pueden superar el sueldo de Claudia Sheinbaum.
Salvo las grandes ciudades de los estados, el resto de los gobiernos municipales pasan por penurias, con sueldo muy bajos y con presupuestos que les limita cumplir con lo básico.
Si con reducir salarios de los presidentes municipales y legisladores locales mejoraría la calidad de los servicios públicos, incluido el asfalto invadido por bache, sería excepcional, pero la realidad es otra; reducir salarios para destinarlo a obras, es ilógico.
Si la presidenta quiere acabar con los privilegios en estados y municipios, deberá empezar por atacar el fenómeno de la corrupción en los gobiernos de los estados y los municipios, incluidas las prácticas de nepotismo en las administraciones, donde la fuga es multimillonaria.
El buen juez por su casa empieza, y es en el gobierno federal y en el Poder Judicial donde deben predicar con el ejemplo, porque familias controlan el gobierno y el Poder Judicial; funcionarios públicos y juzgadores viven con un tren de vida y privilegios igual que en el pasado del que dice no son iguales.
Uno de los riesgos del Plan B al reducir los congresos locales y los cabildos de los ayuntamientos es acabar con el derecho de las minorías a estar representadas.
Con estados dominados por gobernadores mayoritariamente de Monera, el Plan B fomenta los cacicazgos locales al eliminar los contrapesos en las legislaturas y en los cabildos.
No será fácil para estados libres y soberanos instrumentar una medida centralista que trastoca el pacto federal, y hace de las entidades rehenes de las políticas centralistas.
Estados como Puebla gobernador por Morena, con dominio de los congresos locales, deberán acatar la orden presidencial de reformas las constituciones locales y las diversas leyes, incluida las legislaciones electorales y las leyes orgánicas municipales, de aplicación inmediata para quienes sean electos en los comicios de 2027.
Si 217 ayuntamientos poblanos tendrán su complejidad para determinar el tijerazo al número de regidores de los cabildos, se pueden imaginar lo que implicará en gobiernos municipales auxiliares, comunidades por usos y costumbre como en Oaxaca.El Plan B es como un producto Simi, lo mismo, pero más barato respecto al Plan A, porque en la federación sigue manteniendo privilegios como la protección militar al expresidente López Obrador, quien revivió su propio estado Mayor Presidencial en Palenque, Chiapas, y ese es un privilegio.
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