Por unanimidad, el Senado de la República aprobó la reforma constitucional que le permite al Congreso expedir la Ley General en Materia de Feminicidio, que será enviada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y que busca homologar ese delito en todo el país y fortalecer la respuesta del Estado frente a la violencia contra las mujeres.
Senado enviará Ley contra feminicidio al Poder Ejecutivo
En esta ocasión, las bancadas de oposición dieron su voto a favor de la iniciativa presidencial con la confianza de que esta nueva legislación permitirá avanzar en la prevención e investigación del feminicidio.
“Esta reforma no les devuelve la vida, pero puede garantizar que desde el primer acoso, hasta el último aliento, el Estado esté presente con un solo protocolo, un solo tipo penal y una sola ley”, reconoció la senadora del PRI, Paloma Sánchez, quien destacó que, aunque ninguna ley puede devolver la vida a las víctimas, sí puede corregir fallas estructurales del sistema.
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La vicecoordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, reconoció que la iniciativa representa un avance importante, aunque advirtió que el combate a la violencia de género requiere acciones más profundas.
“Dos mujeres pierden la vida cada día en México por el simple hecho de ser mujeres. Vamos a acompañar esta propuesta, pero también señalamos que necesita ir acompañada de recursos presupuestales, de lo contrario se quedará en letra muerta”, puntualizó.
En tanto, la senadora del PAN, Laura Esquivel, condicionó el respaldo de su bancada a la iniciativa, a que la nueva legislación cuente con recursos suficientes y mecanismos efectivos de implementación.
“Nuestro voto a favor no será un aval para simulaciones. Necesitamos una ley con presupuesto para fiscalías, con personal capacitado y especializado, que garantice investigaciones con perspectiva de género desde el primer momento”, sostuvo. Asimismo, destacó la importancia de incluir la reparación del daño, como pensiones para hijas e hijos de víctimas de feminicidio.
La reforma responde a la necesidad de frenar la violencia feminicida en el país, particularmente en un contexto donde la falta de homologación legal ha derivado en impunidad y en criterios dispares para investigar y sancionar estos delitos.
Esta iniciativa modifica el artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso de la Unión a expedir esta legislación general, con lo que se pretende evitar la disparidad de criterios y normas entre las entidades federativas, uno de los principales obstáculos para la procuración de justicia en estos casos.
El dictamen aprobado establece como ejes centrales la prevención, investigación, sanción y reparación integral del daño, bajo un enfoque estandarizado que garantice el acceso a la justicia sin importar el lugar donde ocurra el delito.
Además, plantea medidas específicas para proteger a niñas, niños y adolescentes que quedan en situación de orfandad a causa del feminicidio.