El reciente allanamiento de la vivienda en Washington de la congresista Ilhan Omar, representante demócrata por Minnesota y una de las voces más críticas de la política migratoria del presidente Donald Trump, se produjo a solo tres semanas de las elecciones de medio término.
Este inesperado suceso sacude el panorama político actual, y además pone bajo la lupa la llamada “regla de los 60 días”, una pauta no escrita pero muy arraigada en la cultura institucional del Departamento de Justicia.
La regla de los 60 días consiste en evitar acusaciones o acciones judiciales muy llamativas que puedan influir en el resultado de unas elecciones cercanas. No es una convención caprichosa. Es un medio de proteger la neutralidad del poder judicial y garantizar que los votantes decidan en las urnas basándose en las propuestas de los candidatos y en los debates entre ellos, y no en acciones de última hora ordenadas por el gobierno. El manual oficial del Departamento de Justicia no fija un veto estricto de 60 días. Pero es una tradición con el objetivo de prevenir que la fiscalía parezca favorecer o perjudicar a candidatos en campaña electoral.
Una línea peligrosa
Al romper la regla de los 60 días con un allanamiento tan cercano a la votación del 3 de noviembre, se cruza una línea peligrosa que puede aumentar la desconfianza en las instituciones.
Si hay sospechas fundamentadas sobre irregularidades en el historial de cualquier funcionario público, las agencias federales deben investigar. Pero llevar a cabo una orden de registro de esa magnitud contra una congresista, a tan pocos días de que los ciudadanos de Minnesota acudan a las urnas, es un regalo de munición política a los adversarios de Ilhan Omar. Es un golpe al funcionamiento de la democracia, realizado antes de que se haya determinado si hay motivos reales para formular cargos.
La acción contra la representante demócrata es aún más grave cuando se tiene en cuenta que Trump no ha escatimado ataques contra la congresista. Con frecuencia ha dicho que Ilhan Omar es un desastre y una persona de “bajo coeficiente intelectual”, y que debería regresar al país donde nació, Somalia.
Trump también se ha referido despectivamente a los inmigrantes somalíes, llamándolos “basura”, indicando que no los quiere en Estados Unidos y asegurando, sin presentar pruebas, que no contribuyen en nada al país.
Acusaciones infundadas
En discursos y redes sociales, el mandatario ha afirmado que Minnesota está siendo “tomada por inmigrantes somalíes” y que han destruido el estado con actos de violencia, asesinatos y caos. Ha acusado a los somalíes de “saquear miles de millones de dólares” de los programas de asistencia social de Minnesota.
En realidad, los inmigrantes somalíes y sus descendientes constituyen un porcentaje muy pequeño de la población total de Minnesota, entre el 1 y el 1,5 por ciento. Es una exageración colosal afirmar que están “tomando” ese estado.
Al mismo tiempo, basarse en los fraudes cometidos por unos cuantos delincuentes de origen somalí para criminalizar y tildar de “basura” a toda una comunidad de decenas de miles de refugiados e inmigrantes honrados es una falacia de generalización, una mentira muy ofensiva. Utilizar los delitos de un grupo de delincuentes para calificar de “basura” o “saqueadores” a ciudadanos que trabajan, pagan impuestos y levantan la economía local es una estrategia de estigmatización política. Una estrategia de tintes racistas con la que Trump intenta dañar las probabilidades de Ilhan Omar de mantener su escaño en el Congreso y seguir defendiendo a los oprimidos y a los marginados. Romper la regla de los 60 días debilita los pilares de la democracia. @mundiario
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