La presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado una nueva etapa de “austeridad franciscana” en el gasto público. El mensaje pretende transmitir disciplina, orden y responsabilidad.
Pero cuando se revisan los números —no el discurso—, lo que aparece es otra cosa: un gobierno con márgenes cada vez más estrechos, presionado por compromisos que él mismo ayudó a construir.
Ante el aviso, se preserva el gasto políticamente rentable y el ineludible, y se ajusta lo que queda disponible. El problema es que ese “resto” es cada vez más insignificante frente al tamaño de las obligaciones del Estado.
Los datos lo confirman.
La inflación al alza, déficit fiscal en aumento y decisiones con tintes populistas que acotan los alcances del presupuesto.
Desde luego, la guerra en el Medio Oriente trastoca toda la economía mundial.
Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público —la medida más amplia de la deuda— pasó de aproximadamente 10.5 billones de pesos en 2018 a más de 15 billones de pesos en 2024.
Es decir, un incremento cercano a los 4.5 billones de pesos, muy por encima de los dos billones que se estimaban en una lectura preliminar, lo que refleja una expansión significativa del endeudamiento público.
Este crecimiento no es menor. Implica que el costo financiero de la deuda —es decir, lo que el gobierno paga solo por intereses— se ha disparado hasta niveles cercanos al millón de millones de pesos anuales (alrededor de 1 billón), aunque hay otros registros que señalan que ya llegó a 1.7 billones, colocándose como uno de los rubros más grandes del presupuesto federal, incluso por encima de sectores clave como salud o infraestructura.
En otras palabras: el gobierno gasta cada vez más en pagar deuda, no en generar desarrollo.
Luego vienen los programas sociales que han mamado 4.5 billones de pesos entre 2019 y 2026. Y por si faltara algo, está el caso más emblemático de presión fiscal: Petróleos Mexicanos.
Pemex no solo es la petrolera más endeudada del mundo, con pasivos financieros que superan los 100 mil millones de dólares, sino que además ha requerido un respaldo constante del gobierno federal.
Entre 2019 y 2024, el apoyo público a la empresa —entre transferencias directas, inyecciones de capital y beneficios fiscales— ha superado los 1.3 billones de pesos.
A pesar de ello, los resultados son limitados.
La petrolera ha registrado pérdidas recurrentes en varios ejercicios fiscales recientes, acumulando números rojos por cientos de miles de millones de pesos.
Su producción no ha logrado recuperar niveles históricos y su carga financiera sigue siendo un lastre estructural. El rescate, en términos prácticos, ha servido para evitar un colapso inmediato, pero no para corregir el problema de fondo.
El costo de esa decisión lo absorbe el presupuesto público.
Si se suman estos tres factores —deuda creciente, programas sociales del bienestar y rescate de Pemex—, el resultado es claro: una estructura fiscal rígida, con muy poco espacio para maniobrar.
El margen discrecional del gobierno se reduce año con año, mientras las obligaciones aumentan.
En ese contexto, la llamada austeridad franciscana adquiere otra dimensión.
No se trata de un ajuste preventivo, sino de una reacción ante la falta de espacio fiscal. Es el intento de contener un desequilibrio sin modificar sus causas estructurales.
Porque mientras no se toque el gasto social —que sigue expandiéndose como eje político— ni se plantee una reforma fiscal, el margen seguirá reduciéndose.
Desde San Lázaro, donde se define el presupuesto, la preocupación es evidente.
La presidenta enfrenta una ecuación que no cierra fácilmente: mantener el gasto social que sostiene la legitimidad política, absorber el costo creciente de la deuda, seguir financiando a Pemex y, al mismo tiempo, garantizar inversión pública y crecimiento económico.
El margen es prácticamente inexistente.
Hablar de “quiebra técnica” puede resultar incómodo en términos políticos, pero en términos operativos describe una realidad: un gobierno que no tiene flexibilidad presupuestal, que depende de ingresos limitados y que enfrenta compromisos rígidos que absorben la mayor parte del gasto.
No es insolvencia inmediata, pero sí una condición de fragilidad estructural.
El riesgo es que, ante cualquier choque externo —una recesión en Estados Unidos, tensiones en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá o volatilidad financiera internacional—, el gobierno tenga muy poco margen de respuesta.
Y eso tiene implicaciones económicas y políticas.
Porque cuando el Estado pierde capacidad de maniobra, las decisiones dejan de ser estratégicas y se vuelven reactivas. Se recorta donde se puede, no donde se debe. Se prioriza lo políticamente rentable, no necesariamente lo económicamente sostenible.
La conclusión es clara: la presidenta no está administrando abundancia, sino restricciones severas debido en buena parte a la herencia maldita de AMLO.