La política española volvió a escenificar una de sus paradojas más recurrentes, la existencia de mayorías en el Congreso, incapaces de materializarse. La propuesta de Junts para prohibir el uso del burka en espacios públicos partía de una premisa aparentemente viable, dado que existe un amplio sector del hemiciclo favorable a restringir estas prendas, pero terminó en un fracaso absoluto. Ni un solo voto a favor más allá del propio grupo proponente.
El motivo no reside únicamente en el contenido, sino en la arquitectura política de la iniciativa. El partido liderado por el expresident Carles Puigdemont optó por integrar en un mismo texto dos debates de naturaleza distinta, la prohibición del velo integral y la cesión de competencias en materia de inmigración y seguridad a Cataluña. Esta combinación, lejos de generar alianzas, las desactivó.
En el bloque de la derecha, tanto el Partido Popular como Vox comparten la defensa de medidas restrictivas sobre el uso del burka. Sin embargo, ambos rechazaron la propuesta al considerar inasumible el componente competencial. Las derechas estatales no aceptarían que un debate sobre igualdad o seguridad sirviera como vehículo para avanzar en las exigencias de los posconvergentes. Entre las formaciones nacionalistas, Esquerra Republicana de Catalunya y el Partido Nacionalista Vasco se abstuvieron.
La respuesta de Vox, además, tuvo un fuerte componente simbólico, devolviendo el eslogan que Junts utilizó meses antes cuando dejó caer un proyecto similar presentado por el partido de Santiago Abascal: “ni burka ni Junts”. Un reflejo de la confrontación estratégica entre ambas formaciones.
La izquierda y el marco de derechos
En el otro extremo, los partidos del Gobierno y sus socios—PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu y Podemos— coincidieron en rechazar la iniciativa, aunque por razones diferentes.
Si bien muchos de estos grupos han expresado incomodidad con el uso del burka, consideran que su prohibición puede vulnerar principios fundamentales como la libertad religiosa o generar efectos contraproducentes, como la exclusión social de las mujeres afectadas. Además, criticaron que Junts planteara el debate en términos que, a su juicio, mezclan derechos individuales con objetivos políticos de carácter territorial.
Entre ambos bloques, el PNV y el PSOE apostaron por una vía alternativa, abrir un debate más amplio mediante una subcomisión parlamentaria que permita abordar la cuestión desde una perspectiva técnica y social, evitando respuestas legislativas inmediatas. Esta posición evidencia que, aunque el tema genera consenso en cuanto a su complejidad, no lo hace en cuanto a las soluciones.
Junts repite el resultado de Vox
El resultado final —aislamiento total de Junts— apunta a un error de cálculo político. La formación intentó capitalizar dos debates sensibles en un solo movimiento, pero terminó perdiendo el apoyo de todos los bloques. La derecha rechazó el contenido territorial; la izquierda, el enfoque restrictivo; y los socios potenciales, la mezcla de ambos.
Paradójicamente, el Congreso muestra que existen mayorías diferenciadas para cada uno de los elementos de la propuesta, una para debatir o incluso limitar el uso del burka, y otra para negociar competencias autonómicas. Pero no existe una intersección entre ambas. @mundiario