El escalamiento de las tensiones bélicas entre Estados Unidos e Irán plantea importantes riesgos para la economía mundial. Con el objeto de detener el programa nuclear de Irán, a finales de febrero Estados Unidos, junto con Israel, inició ataques contra puntos militares, instalaciones nucleares y líderes del gobierno de esa nación.
Irán respondió con fuerza mediante el lanzamiento de misiles y drones contra Israel, bases estadounidenses en Medio Oriente y países aliados. Además, a principios de marzo decidió cerrar el estrecho de Ormuz, permitiendo solo el tránsito de embarcaciones de países calificados como amigos. El estrecho de Ormuz es uno de los puntos estratégicos más importantes del mundo, ya que por ahí pasa cerca del 20 por ciento del suministro global de petróleo y gas natural licuado.
A su vez, a principios de marzo Estados Unidos realizó operaciones militares en Siria y Líbano y, en abril, comenzó un bloqueo naval a los puertos iraníes, con la amenaza de destruir barcos de ese país si se acercaran.
Hasta ahora, la guerra ha generado enormes costos. Desde luego, el más importante ha sido el rompimiento de la paz y la pérdida de vidas humanas, cuyo número ha alcanzado varios miles, en su mayoría iraníes.
Por su parte, el efecto económico más visible ha consistido en una abrupta elevación de los precios internacionales del petróleo, resultado directo de la reducción de la oferta de hidrocarburos. Por ejemplo, el precio del crudo West Texas Intermediate, referencia principal en Estados Unidos y América del Norte, aumentó 70 por ciento del 27 de febrero al 6 de abril, hasta alcanzar 114 dólares por barril.
Como era de esperarse, las presiones de precios se han traducido en un aumento de la inflación en muchos países. A manera de ilustración, la inflación anual en Estados Unidos, medida con el Índice de Precios al Consumidor, pasó de 2.4 por ciento en febrero a 3.3 por ciento en marzo. Esta última lectura es la más elevada desde abril de 2024.
Si bien no es la primera vez que los precios nominales del petróleo han alcanzado los niveles actuales y, de hecho, estos continúan por debajo de los observados en los picos de 2008 y 2022, el hecho de que la nación más poderosa del mundo sea un actor clave del presente conflicto genera riesgos especiales.
La principal fuente de incertidumbre estriba en la duración del conflicto y el peligro de su profundización, al contar Estados Unidos con la capacidad de mantener operaciones militares en el Golfo de manera indefinida y provocar reacciones de Irán con un posible involucramiento de otras naciones. Tal escenario convertiría las tensiones inicialmente bilaterales en una crisis global.
La materialización de una complicación similar mantendría los precios del petróleo elevados por mucho tiempo, lo cual generaría un doble impacto sobre la economía mundial: primero, el acrecentamiento de la inflación, induciendo a los bancos centrales a mantener la pausa e incluso a apretar la política monetaria; y segundo, disrupciones en las cadenas globales de suministro. Por ejemplo, las interrupciones en el abasto de helio han empezado a perjudicar a las industrias de semiconductores en Corea del Sur y Malasia.
Tanto el apretamiento monetario como los referidos efectos de contagio tenderían a debilitar el crecimiento económico. Aunque Estados Unidos es autosuficiente en petróleo y, por tanto, es menos vulnerable al suministro irregular de esta materia prima que países dependientes de las importaciones, como algunos de Asia y Europa, no está exento del aumento en el costo de los insumos y su efecto en la producción, especialmente la manufacturera.
Finalmente, México enfrenta tres importantes riesgos. Primero, la inflación anual alcanzó 4.6 por ciento en marzo, aun con una variación prácticamente nula de los precios de los energéticos, como resultado de la política de precios administrados del gobierno. Las presiones inflacionarias mundiales y la inclinación de la Junta de Gobierno del Banxico a tolerar amplias desviaciones de la inflación respecto del objetivo podrían desembocar en un brote inflacionario significativo.
Segundo, la desaceleración de la economía estadounidense podría ahondar la atonía económica de México, lo que mermaría adicionalmente el ingreso por habitante. Tercero, la política de control de precios de las gasolinas debilitaría las finanzas públicas, sacrificando, una vez más, la atención de necesidades básicas de gasto, como salud y educación.
El gobierno mexicano debería, cuanto antes, aplicar reformas que contrarresten la incertidumbre global y superen el estancamiento interno, mediante la conformación de un ambiente favorable a la competencia y la libre entrada de las empresas a cualquier sector productivo de la economía.
