Denuncian activistas ‘justicia selectiva’

La extinción de la acción penal contra el excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, y el sobreseimiento de la causa penal 237/2023 por el incendio ocurrido en la estancia migratoria de Ciudad Juárez demuestran que “en México la justicia es selectiva” y revictimiza a las familias de los 40 migrantes fallecidos y a los 42 sobrevivientes, denunciaron organizaciones de la sociedad civil.
“Las víctimas no perdieron un caso: ayer volvió a ganar la corrupción y la impunidad de los políticos protegidos por el poder. La exoneración de Francisco G.Y. tras la tragedia en la estancia migratoria de Ciudad Juárez confirma que en México la justicia es selectiva”, lamentaron Fundación para la Justicia, el Instituto de las Mujeres en la Migración (Imumi), la Clínica Jurídica Alaide Foppa y Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA).
La decisión del juez federal Víctor Manlio Hernández Calderón de eximir al actual director General de Centros de Formación para el Trabajo en la Secretaría de Educación Pública (SEP), con un sueldo neto de 115 mil pesos mensuales, según su Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses, demuestra que el sistema opera para proteger a los poderosos y no para garantizar los derechos de las personas en movilidad, señalaron.
“Ayer volvió a ganar la corrupción”, señaló a través de sus redes sociales Fundación para la Justicia, la organización que representa jurídicamente y de manera gratuita a 10 sobrevivientes y a nueve familias de personas fallecidas, originarias de El Salvador, Honduras, Guatemala y Venezuela.
Con el reclamo de “no fue el incendio, fue el Estado”, las agrupaciones también reclamaron que la impunidad institucional sigue siendo el sello en casos graves de violaciones a derechos humanos.
“Esta resolución revictimiza a las familias de los 40 migrantes fallecidos y a las y los sobrevivientes, negándoles el derecho a la verdad y a una reparación integral. Las fallas estructurales y la omisión estatal no pueden quedar absueltas por un sistema judicial a la medida del poder”, apuntaron.
Agregó que las organizaciones de la sociedad civil que acompañan a algunas familias de migrantes fallecidos y sobrevivientes seguirán con paso firme en la defensa y promoción de los derechos de las personas migrantes. No normalizarán la impunidad, continuarán con la exigencia de justicia real, memoria y garantías de no repetición.
“En esta resolución la deuda mayor es con la justicia y las familias y los migrantes fallecidos y a las y los sobrevivientes, porque el incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez era prevenible y no debieron morir 40 migrantes, ni dejar con secuelas de por vida a 27 más, ni 15 mujeres con secuelas psicológicas al ver cómo sus familiares morían porque no se les abrió una puerta”, denunciaron.

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