La reducción del límite de ingresos para acceder al estímulo fiscal que permite acreditar hasta 50 por ciento del gasto en autopistas de cuota encarecerá la operación de empresas transportistas y podría trasladarse a los costos de las cadenas de suministro, advirtió la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR).
La organización pidió al Gobierno federal y al Senado revisar la medida incluida en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2027, luego de que la Cámara de Diputados aprobara reducir de 300 a 250 millones de pesos el umbral de ingresos para acceder al beneficio.
Ante estas modificaciones, el presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), Augusto Ramos Melo sostuvo que el estímulo no constituye un privilegio fiscal, sino un mecanismo que compensa parcialmente el costo que representa para los transportistas utilizar la infraestructura carretera de cuota.
De acuerdo con el presidente de la Cámara, el cambio afectaría a empresas que, aunque rebasen el nuevo límite de ingresos, mantienen elevados costos por combustible, peajes, mantenimiento, seguros, financiamiento, renovación de unidades y salarios.
“Las decisiones fiscales no quedan solo en papel, tienen consecuencias en la operación de las empresas, en la cadena de suministro y en los costos que finalmente enfrentan los negocios y las familias mexicanas”, señaló.
Presión sobre las empresas
Para el dirigente de los transportistas, el problema radica en que el nivel de ingresos no necesariamente refleja la capacidad financiera de una empresa transportista, debido a que una parte importante de sus recursos se destina a mantener la operación de las unidades.
Por ello, planteó conservar en 2027 el límite de 300 millones de pesos vigente durante este año, con el objetivo de evitar una reducción abrupta en el número de empresas que pueden utilizar el estímulo.
Como alternativa, propuso un esquema proporcional que permita mantener el acreditamiento hasta alcanzar el límite establecido, aun cuando una compañía lo rebase, evitando perder completamente el beneficio.
Asimismo, advirtió que retirar o limitar el estímulo llega en un momento en que el autotransporte enfrenta una combinación de mayores costos y riesgos operativos, particularmente por la inseguridad carretera.
El robo de una unidad explicó, no sólo representa la pérdida de un activo, sino la interrupción de la principal fuente de ingresos de una empresa. A ello se suman los tiempos de recuperación, trámites y liberación de vehículos, durante los cuales continúan los pagos de financiamiento, salarios y compromisos comerciales.
Las empresas, además, han tenido que incrementar sus inversiones en sistemas de rastreo, tecnología, capacitación y protocolos de seguridad para proteger a operadores y unidades.
Advierten impacto en cadenas logísticas
Por otra parte, señaló que durante las mesas de trabajo con autoridades hacendarias y legisladores presentó alternativas para evitar que el cambio fiscal afecte la viabilidad de las empresas transportistas, aunque hasta ahora no se ha alcanzado un acuerdo.
La organización reconoció la presentación de reservas por parte del diputado Francisco Javier Borrego Adame para modificar las condiciones del estímulo y llamó a que el diálogo se traduzca en una solución.
La preocupación del sector trasciende a las empresas transportistas. Un incremento en los costos del autotransporte puede repercutir en las tarifas de traslado y, con ello, en el costo logístico de industrias, comercios y centros de distribución.
Por ello, el presidente de CANACAR pidió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Cámara de Diputados y al Senado reconsiderar las condiciones del estímulo antes de que la medida genere mayores presiones sobre la operación del sector.
“El autotransporte de carga no solicita privilegios, sino condiciones que permitan a las empresas “competir, invertir, generar empleos y cumplir con sus obligaciones”, sostuvo.
