La discusión sobre los narcocorridos en Jalisco no terminó con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El fallo del 28 de septiembre modificó las normas estatales, pero dejó vigentes las disposiciones que permiten sancionar determinadas conductas relacionadas con la apología del delito y la inducción pública a cometerlo.
Según la información difundida por el Gobierno de Jalisco tras la resolución, la Corte invalidó únicamente las referencias legales que permitían considerar como sancionable la apología de “algún tipo de vicio”. La administración estatal sostuvo que las disposiciones relacionadas directamente con delitos permanecen vigentes.
El asunto fue analizado dentro de la Acción de Inconstitucionalidad 48/2026, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). El expediente ante la Suprema Corte identifica entre las normas impugnadas disposiciones de Jalisco que incluían referencias a la inducción para cometer delitos, la apología de estos y la apología de algún “vicio”.
La palabra que salió de la legislación
El punto central de la resolución no fue establecer una prohibición general para los narcocorridos, sino determinar qué conductas pueden ser objeto de una sanción prevista en la legislación.
La Suprema Corte eliminó del artículo 142 del Código Penal de Jalisco la expresión “o de algún tipo de vicio”. También retiró una referencia similar contenida en la Ley Orgánica de la Agencia Estatal de Entretenimiento.
El problema, de acuerdo con el criterio difundido sobre la resolución, está en que el concepto de “vicio” no establece con suficiente precisión qué conducta podría generar una consecuencia penal. Una expresión de ese tipo puede abarcar comportamientos cuestionados social o moralmente que, sin embargo, no constituyen un delito.
Por esa razón, la eliminación de esas palabras acota el alcance de las normas estatales y evita que una sanción penal pueda apoyarse únicamente en un concepto cuya definición no está delimitada con claridad.
La apología del delito permanece
La modificación no eliminó del Código Penal de Jalisco las conductas relacionadas con hacer apología de un delito o inducir públicamente a cometerlo.
Ese punto fue destacado por el Gobierno de Jalisco después de conocerse la resolución. La administración estatal aclaró que el fallo no retiró las disposiciones que permiten sancionar esas conductas cuando se configuren conforme a la legislación.
Por ello, el efecto de la sentencia no consiste en declarar que cualquier contenido relacionado con narcocorridos queda fuera de las normas. La aplicación de las disposiciones depende de la conducta concreta que pueda acreditarse y de su correspondencia con las figuras previstas por la ley.
Antes de la modificación derivada de la sentencia, el artículo 142 contemplaba penas de seis meses a un año de prisión y multas de 30 a 60 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para las conductas previstas en esa disposición.
Los municipios también tienen facultades
El alcance del fallo tampoco abarca todas las disposiciones utilizadas en Jalisco para regular los espectáculos públicos.
De acuerdo con la explicación difundida por el Gobierno estatal, la acción de inconstitucionalidad no eliminó las obligaciones previstas para los ayuntamientos en materia de regulación de espectáculos. Los municipios mantienen facultades para establecer reglas relacionadas con la reproducción de música, videos y otros contenidos durante eventos públicos.
Estas normas municipales pueden contemplar medidas frente a contenidos que induzcan a la violencia, promuevan conductas delictivas o hagan apología de quienes cometen delitos, dependiendo de la regulación vigente en cada ayuntamiento.
Por ello, las consecuencias administrativas no son necesariamente iguales en todos los municipios. Su aplicación depende de las reglas locales y de la conducta que las autoridades determinen que ocurrió en cada espectáculo.
El caso que llevó el tema a la discusión pública
La controversia sobre la regulación de los narcocorridos tomó fuerza en Jalisco durante 2025, después de un concierto de Los Alegres del Barranco en el Auditorio Telmex en el que se proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”.
El episodio generó investigaciones y aumentó el debate sobre los límites de los contenidos relacionados con organizaciones criminales durante espectáculos públicos.
A partir de esa discusión, el Congreso de Jalisco aprobó modificaciones legales para establecer reglas sobre contenidos considerados relacionados con la apología del delito. Entre ellas estuvo el Decreto 30134/LXIV/26, aprobado en enero de 2026.
Posteriormente, la CNDH promovió la Acción de Inconstitucionalidad 48/2026 ante la Suprema Corte para impugnar parte de esas disposiciones. La documentación oficial de la Corte confirma la existencia del expediente y señala entre las normas cuestionadas las referencias a la apología de un delito o de algún vicio.
Qué significa el fallo para los narcocorridos
La resolución establece una diferencia importante entre el contenido de una canción o espectáculo y una conducta que jurídicamente pueda ser sancionada.
La Suprema Corte no creó una prohibición específica para un género musical. Lo que hizo fue eliminar de las normas estatales la posibilidad de utilizar la referencia a “algún tipo de vicio” como fundamento de una sanción, mientras permanecen las disposiciones relacionadas con delitos.
Esto significa que la discusión jurídica en Jalisco continúa centrada en las conductas que puedan encuadrar en las normas vigentes. En el caso de los espectáculos públicos, también permanecen las facultades de los municipios para aplicar sus propios reglamentos.
Así, el fallo de la Suprema Corte reduce el alcance de una parte de la legislación de Jalisco, pero no elimina las sanciones relacionadas con la apología del delito ni con la inducción pública a cometerlo.
