Comprar una vivienda en Canarias podría dejar de depender únicamente del dinero disponible para convertirse también en una cuestión de antigüedad como residente. El Gobierno de Fernando Clavijo quiere reservar la adquisición de inmuebles a quienes acrediten al menos diez años de residencia continuada en el archipiélago, una medida con la que pretende contener la presión inmobiliaria y evitar que la vivienda quede fuera del alcance de la población local. La propuesta, sin embargo, todavía necesita el respaldo del Ejecutivo central y la autorización de la Unión Europea.
El presidente canario ha trasladado a Madrid dos borradores legislativos con los que aspira a modificar las reglas de acceso a la vivienda y ampliar la capacidad de intervención de los ayuntamientos. Su intención es que las iniciativas puedan aprobarse antes de las elecciones del 29 de noviembre, aunque el calendario dependerá de las negociaciones políticas y de los obstáculos jurídicos que plantea la restricción de las compraventas.
La propuesta parte de una realidad que preocupa al Ejecutivo autonómico: el mercado inmobiliario de las islas está sometido a una demanda que no procede exclusivamente de quienes necesitan una residencia habitual. La compra de viviendas por parte de personas extranjeras representa el 27,4% de las operaciones en Canarias, según el Colegio de Registradores, frente al 12,2% registrado en el conjunto de España. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la proporción supera el 34%.
Estas cifras alimentan el debate sobre quién puede acceder a una vivienda en un territorio con suelo limitado y una elevada presión turística. Para el Gobierno de Clavijo, la cuestión no se reduce al encarecimiento de los inmuebles: también afecta a la posibilidad de que los residentes mantengan sus vínculos con sus municipios y no se vean desplazados por compradores con mayor capacidad económica.
Diez años de residencia para acceder a una vivienda
El primero de los textos remitidos al Gobierno central establece que la compra de una vivienda, tanto libre como protegida, quedaría reservada a personas físicas que hayan residido de forma ininterrumpida durante diez años en algún municipio canario. Si la residencia no ha sido continuada, el periodo exigido aumentaría a quince años. La acreditación se realizaría mediante el certificado de empadronamiento.
La condición se aplicaría con independencia de la nacionalidad, por lo que el criterio determinante no sería tener pasaporte español, sino cumplir los años de residencia exigidos. También afectaría a los contratos de alquiler con opción a compra, una fórmula que permite ocupar un inmueble antes de adquirirlo definitivamente.
El borrador incorpora, además, restricciones sobre el número de propiedades. Cada persona podría comprar un máximo de dos viviendas, situadas en localidades diferentes. Quienes ya dispongan de dos o más inmuebles serían considerados no residentes a efectos de esta regulación. Por su parte, las empresas solo podrían adquirir viviendas para venderlas a particulares o destinarlas al alquiler.
La propuesta contempla consecuencias contundentes para quienes incumplan las condiciones: las operaciones serían nulas y no podrían inscribirse en el Registro de la Propiedad. De salir adelante, el cambio supondría una intervención directa en el mercado inmobiliario y obligaría a compradores, vendedores e intermediarios a comprobar los requisitos antes de formalizar una operación.
Los ayuntamientos podrían limitar las compras en determinadas zonas
El segundo borrador busca ampliar las competencias municipales para actuar sobre las compraventas y los arrendamientos en áreas concretas. Para ello, plantea modificar la Ley de Bases del Régimen Local y la Ley de Arrendamientos Urbanos, entre otras normas.
La reforma permitiría que los consistorios, con la conformidad del Gobierno autonómico, estableciesen zonas en las que se pudiera restringir o excluir la adquisición o el alquiler de inmuebles por determinados grupos de compradores. También podrían fijar límites al uso posterior de esas propiedades.
Fernando Clavijo ha defendido que una persona que compre una vivienda en lugares como La Laguna o la zona de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria, podría destinarla al alquiler residencial habitual, pero no utilizarla para cualquier finalidad. El objetivo es orientar el uso de los inmuebles hacia las necesidades de vivienda permanente, frente a otras actividades que puedan reducir la oferta disponible para los residentes.
Para hacer posible este sistema, el texto distingue entre quienes viven habitualmente en un municipio y quienes tienen allí su domicilio sin formar parte de la comunidad vecinal en los mismos términos. La categoría de domiciliados permitiría establecer restricciones específicas para extranjeros procedentes de países ajenos a la Unión Europea que lleven menos de dos años en el municipio.
La condición de región ultraperiférica, clave para la propuesta
Canarias quiere fundamentar estas restricciones en su condición de región ultraperiférica de la Unión Europea, reconocida en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE. La insularidad, la escasez de territorio disponible y la presión inmobiliaria son algunos de los argumentos que el Ejecutivo autonómico utiliza para defender un tratamiento diferenciado.
No obstante, el reconocimiento de esa condición no permite aplicar automáticamente cualquier limitación al mercado inmobiliario. Las medidas deben superar el examen jurídico correspondiente y obtener el respaldo de las instituciones europeas, especialmente porque afectan a la libertad de circulación de capitales y al funcionamiento del mercado interior.
Por ese motivo, el Gobierno canario ha solicitado cambios en el proyecto de Reglamento Europeo de Vivienda Asequible para que las regiones ultraperiféricas puedan establecer restricciones temporales y proporcionadas a la compra y el alquiler por parte de extranjeros no residentes.
El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, defiende que estas medidas deben complementar la construcción de nuevas viviendas, no sustituirla. Esa distinción resulta importante: limitar determinados compradores puede modificar la demanda, pero no garantiza por sí solo que aumente la oferta de casas asequibles para las familias que viven y trabajan en las islas.
Una propuesta que divide el debate sobre la vivienda
La iniciativa cuenta con el respaldo de Coalición Canaria y el Partido Popular, que sostienen el Ejecutivo autonómico. También encuentra apoyo en el PSOE canario. Su portavoz parlamentario, Sebastián Franquis, ha defendido la limitación de las compras por extranjeros no residentes, aunque considera que el problema requiere medidas adicionales.
Los socialistas señalan especialmente el peso de los grandes fondos de inversión extranjeros y de los grandes propietarios. Según Franquis, estos últimos concentran más de 104.000 viviendas en Canarias, una cifra que, a su juicio, obliga a ampliar el foco más allá de la nacionalidad o el lugar de residencia de quienes compran.
El debate plantea así dos cuestiones distintas: cómo evitar que la vivienda se convierta en un activo de inversión que desplace a los residentes y cómo garantizar que existan suficientes inmuebles a precios asumibles. Una restricción basada en diez años de residencia podría reducir el acceso de determinados compradores, pero también abriría interrogantes sobre su proporcionalidad, su aplicación práctica y sus efectos sobre las operaciones inmobiliarias.
La propuesta de Clavijo se encuentra todavía en una fase de negociación. Hasta que Madrid y Bruselas se pronuncien, la exigencia de una década de residencia no constituye una norma vigente. Su recorrido determinará hasta dónde pueden llegar las administraciones para proteger el acceso a la vivienda en Canarias sin entrar en conflicto con la legislación española y europea. @mundiario
