El Gobierno gallego ha convertido la aprobación de los presupuestos para 2027 en una demostración de estabilidad política y capacidad de gestión. La Xunta de Alfonso Rueda presenta unas cuentas que alcanzan los 15.158 millones de euros, un 6,4% más que las del ejercicio anterior, y reivindica tanto el crecimiento del gasto social como las nuevas rebajas fiscales destinadas a familias, empresas y compradores de vivienda. El mensaje oficial combina continuidad, prudencia financiera y ambición inversora, pero encuentra enfrente a una oposición que cuestiona el alcance real de esas cifras y reprocha al Partido Popular su incapacidad para resolver algunos de los problemas estructurales de Galicia.
La discusión no debería reducirse a determinar quién maneja el porcentaje más favorable o quién encuentra la expresión más contundente para desacreditar al adversario. Los presupuestos constituyen la principal herramienta de política económica de cualquier Gobierno y, por tanto, deben juzgarse por su capacidad para mejorar los servicios públicos, impulsar la actividad productiva, corregir desigualdades y preparar el territorio para los desafíos de los próximos años. Galicia dispone de más recursos que nunca en términos nominales, pero también afronta necesidades crecientes y un encarecimiento de los servicios que obliga a distinguir entre los incrementos contables y las mejoras efectivas.
Alfonso Rueda. / Mundiario
El proyecto aprobado este viernes por el Consello de la Xunta contempla un gasto social de 11.342 millones de euros, con un crecimiento del 7,1%, superior al del conjunto presupuestario. El Ejecutivo autonómico destaca que el aumento permitirá reforzar las políticas públicas y atender las necesidades de una población especialmente condicionada por el envejecimiento y la dispersión territorial. A ello se añade una previsión de crecimiento económico del 2%, un objetivo de déficit cero y el compromiso de no incrementar el endeudamiento. Son elementos que proporcionan argumentos al Gobierno para defender su gestión, aunque todavía será necesario examinar la distribución detallada de las partidas y su ejecución posterior.
El presupuesto crece un 6,4%, hasta los 15.158 millones, y el gasto social supera por primera vez los 11.000 millones. Pontón cuestiona las prioridades del PP y Besteiro exige que las políticas sociales tengan financiación efectiva
La estabilidad presupuestaria constituye, además, una ventaja política que no conviene minusvalorar. La mayoría absoluta del PP permite a la Xunta planificar sus cuentas con un calendario previsible y aspirar a que entren en vigor el 1 de enero, sin las incertidumbres que afectan a otras administraciones. Pero esa fortaleza institucional no debería confundirse con una garantía automática de buena gestión. Aprobar los presupuestos a tiempo es una condición favorable para gobernar, no una prueba suficiente de que las decisiones adoptadas sean las más adecuadas.
Más recursos sociales, pero también más necesidades
La sanidad, la educación, los servicios sociales y la atención a la dependencia concentran buena parte de las expectativas ciudadanas. El aumento global de los recursos sociales constituye una señal positiva, especialmente en una comunidad donde el envejecimiento demográfico incrementa la demanda asistencial y donde el mantenimiento de los servicios públicos resulta más costoso en numerosas áreas rurales. Sin embargo, el esfuerzo financiero debe traducirse en resultados verificables: menos demoras sanitarias, mejores condiciones educativas, atención más rápida a las personas dependientes y servicios accesibles con independencia del lugar de residencia.
La oposición encuentra precisamente en esa distancia entre los anuncios presupuestarios y la experiencia cotidiana de los ciudadanos uno de sus principales argumentos. El BNG sostiene que el discurso económico del Gobierno autonómico resulta excesivamente complaciente y que el crecimiento del gasto no garantiza por sí mismo una respuesta suficiente a las necesidades sociales. Ana Pontón viene contraponiendo su propuesta de ampliación de derechos y servicios públicos a una política del PP que considera insuficiente para corregir las desigualdades y fortalecer el bienestar colectivo.
Es una crítica que merece atención, aunque también exige concreción. La oposición tiene la responsabilidad de señalar las carencias del presupuesto, pero debería acompañar sus objeciones de alternativas cuantificadas, prioridades de gasto y propuestas de financiación. En un escenario de recursos limitados, reclamar simultáneamente más inversiones, mayores prestaciones y una presión fiscal reducida plantea contradicciones que ningún Gobierno puede resolver únicamente mediante declaraciones políticas.
El verdadero debate debería centrarse en la eficacia de cada euro gastado, en la evaluación de los programas públicos y en la capacidad de las administraciones para evitar duplicidades y corregir inversiones que no ofrecen los resultados esperados. Galicia necesita una discusión presupuestaria menos condicionada por la propaganda y más vinculada a indicadores objetivos de calidad de los servicios.
Miguel Corgos. / Mundiario
Vivienda e impuestos, las grandes apuestas del Gobierno
La vivienda ocupa un lugar destacado en el proyecto presupuestario. La Xunta anuncia que duplicará los fondos destinados a su construcción, desde los 163 millones de 2026 hasta los 326 millones previstos para 2027. Es una decisión relevante en un mercado donde la insuficiencia de oferta, especialmente en las áreas urbanas y metropolitanas, dificulta el acceso de jóvenes y familias a un hogar. El incremento presupuestario reconoce implícitamente la gravedad de un problema que durante demasiado tiempo no recibió una respuesta proporcional a sus consecuencias económicas y sociales.
La ampliación de la vivienda pública puede contribuir a aliviar esas dificultades, pero sus resultados dependerán de la disponibilidad de suelo, la agilidad administrativa y los plazos de ejecución. Anunciar el doble de inversión no significa disponer inmediatamente del doble de viviendas. El Gobierno tendrá que acreditar que los nuevos recursos se transforman en promociones terminadas y que llegan a los municipios donde la demanda resulta más intensa.
La segunda gran apuesta de Rueda es fiscal. El proyecto contempla una reducción de 0,25 puntos porcentuales en los cuatro primeros tramos autonómicos del IRPF, con efectos retroactivos desde enero de 2026, además de rebajas en el impuesto de actos jurídicos documentados y beneficios para facilitar la transmisión de empresas familiares. En las operaciones sujetas al tipo general de actos jurídicos documentados, este pasará del 1,5% al 1,2%, mientras que determinadas operaciones relacionadas con viviendas protegidas disfrutarán de una bonificación completa.
La reducción de impuestos puede contribuir a aliviar la presión sobre las economías familiares, especialmente cuando la inflación erosiona el poder adquisitivo. También puede favorecer determinadas inversiones y facilitar la continuidad de pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, cualquier reforma fiscal debería acompañarse de una evaluación rigurosa de su coste recaudatorio, de la distribución de sus beneficios entre los distintos niveles de renta y de sus efectos sobre la financiación de los servicios públicos.
No todas las rebajas fiscales tienen el mismo impacto redistributivo. Tampoco todas las ayudas vinculadas a la vivienda terminan beneficiando exclusivamente a sus compradores, porque parte del ahorro puede trasladarse a los precios si la oferta continúa siendo insuficiente. La eficacia de estas medidas dependerá, por tanto, de su coordinación con una política de construcción y rehabilitación capaz de incrementar realmente el parque residencial disponible.
Alfonso Rueda, Ana Pontón y José Ramón Gómez Besteiro. / Mundiario
El BNG cuestiona el triunfalismo y el PSdeG reclama compromisos concretos
La posición de los dos principales partidos de la oposición presenta coincidencias en su crítica al Gobierno, pero también diferencias de enfoque. El BNG de Ana Pontón sitúa el debate en el modelo económico y social que defiende el PP, mientras que el PSdeG-PSOE de José Ramón Gómez Besteiro insiste en la necesidad de traducir los compromisos políticos en partidas presupuestarias suficientes y territorialmente equilibradas.
Pontón ya había cuestionado el discurso triunfalista de la Xunta durante la presentación del techo de gasto para 2027. La dirigente nacionalista considera que el aumento de los recursos no garantiza la solución de los problemas de Galicia y reclama una orientación distinta de las políticas públicas. Su crítica incorpora también la financiación autonómica y la posición del Gobierno gallego ante las propuestas de condonación de deuda, en las que acusa al PP de anteponer sus intereses políticos estatales a los de la comunidad.
El planteamiento nacionalista tiene un fundamento que merece ser discutido: la autonomía financiera y la suficiencia de los recursos públicos condicionan la capacidad de Galicia para atender sus necesidades. Sin embargo, también resulta necesario distinguir entre los debates sobre financiación territorial, las discrepancias partidistas y la evaluación concreta de cada programa de gasto. La defensa de mayores recursos para Galicia debería ir acompañada de una explicación sobre su distribución y los resultados que se pretende alcanzar.
Por su parte, Besteiro ha situado una de sus principales exigencias en la financiación de las políticas destinadas a las mujeres rurales. El secretario general socialista reclama que el presupuesto de 2027 permita desarrollar el futuro Estatuto de las Mujeres Rurales y corregir las desigualdades existentes en el acceso a las ayudas agrarias. Según los datos expuestos por el PSdeG, las mujeres representan el 53% de las personas beneficiarias de la Política Agraria Común en Galicia, pero perciben ayudas de una cuantía considerablemente inferior a las de los hombres.
El dirigente socialista también denuncia el trato que reciben Lugo y Ourense en el reparto de determinados fondos de compensación territorial y reclama una política que tenga más en cuenta las dificultades demográficas y económicas del interior gallego. Su argumento es que las normas y los compromisos institucionales pierden eficacia cuando no disponen de financiación suficiente para aplicarse.
Estas posiciones reflejan críticas formuladas durante la preparación de las cuentas y en los días inmediatamente anteriores a su aprobación. No equivalen todavía a un análisis completo del proyecto presentado este viernes, cuyo examen parlamentario permitirá conocer con mayor precisión las enmiendas y alternativas de cada partido.
La inflación reduce el margen de crecimiento real
Existe, además, una cuestión económica que relativiza el entusiasmo oficial. El crecimiento presupuestario del 6,4% debe interpretarse teniendo en cuenta la evolución de los precios. La inflación interanual en Galicia se sitúa en el 5,5%, según los datos conocidos esta semana, de modo que la diferencia entre ambas tasas es inferior a un punto porcentual. Aunque esta comparación no permite calcular directamente el crecimiento real del presupuesto de 2027, porque utiliza magnitudes correspondientes a periodos distintos, sí advierte de la importancia del encarecimiento de los bienes y servicios públicos.
Los costes salariales, los suministros sanitarios, las obras públicas y la prestación de servicios sociales pueden absorber una parte considerable del incremento de los recursos. De hecho, el gasto de personal previsto aumenta un 8,5%, hasta alcanzar los 5.739 millones de euros, mientras que los gastos financieros crecen un 10,3%, hasta los 237,4 millones. Ambas partidas reflejan obligaciones presupuestarias que condicionan el margen disponible para impulsar nuevas actuaciones.
El Gobierno gallego merece que se reconozca su esfuerzo por mantener la inversión después de la finalización de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. También resulta razonable valorar positivamente su propósito de evitar un aumento del endeudamiento. Pero la sostenibilidad financiera no debería convertirse en una finalidad aislada, sino en una condición para garantizar políticas públicas eficaces y duraderas.
Galicia necesita inversiones productivas que eleven su competitividad, favorezcan la innovación, refuercen la industria y contribuyan a fijar población. La mejora de las infraestructuras, la modernización empresarial, la investigación y la formación del capital humano son tan importantes como el mantenimiento de los servicios públicos. Sin una economía capaz de generar mayor productividad y mejores salarios, el incremento de los presupuestos encontrará límites cada vez más difíciles de superar.
Más debate sobre resultados y menos confrontación política
El proyecto de 2027 llegará al Parlamento gallego con la ventaja que proporciona la mayoría absoluta del Partido Popular. Su aprobación no parece políticamente comprometida, pero eso no debería reducir el debate parlamentario a un intercambio de acusaciones previsibles. El Gobierno dispone de legitimidad para desarrollar su programa y la oposición tiene el derecho y la obligación de fiscalizarlo, cuestionar sus prioridades y plantear alternativas.
Sería deseable que ambas partes aprovecharan la tramitación para profundizar en asuntos que requieren acuerdos de mayor alcance: la financiación de la sanidad y la dependencia, el acceso a la vivienda, el equilibrio territorial, el envejecimiento demográfico y la transformación del tejido productivo. Son desafíos que desbordan un ejercicio presupuestario y que difícilmente podrán resolverse mediante decisiones aisladas o promesas de efecto inmediato.
La Xunta puede presumir legítimamente de estabilidad institucional, crecimiento de los recursos y capacidad para aprobar sus cuentas en plazo. La oposición también tiene motivos para exigir que esas cifras se traduzcan en mejoras visibles y para denunciar las carencias que identifica en la acción del Gobierno. Ninguna de las dos posiciones debería excluir a la otra, porque una democracia necesita tanto administraciones capaces de gobernar como oposiciones capaces de controlar y proponer.
El verdadero examen de los presupuestos de Galicia para 2027 no estará en su cifra récord, sino en sus resultados. Dentro de un año habrá que comprobar cuántas viviendas públicas se han impulsado, cómo evolucionan los servicios sanitarios, qué mejoras se han producido en la atención social y si las inversiones contribuyen a reducir las desigualdades territoriales. Ese será el momento de determinar cuánto había de fundamento en la satisfacción de Rueda y cuánto de razón en las advertencias de Pontón y Besteiro.
Galicia necesita unas cuentas solventes, pero también una discusión pública que supere la confrontación rutinaria. Porque el éxito de un presupuesto no consiste en gastar más que el año anterior, sino en conseguir que los recursos disponibles contribuyan a construir una comunidad más próspera, cohesionada y preparada para su futuro. @mundiario
