La FGR impugnó el amparo que reconoce a la protagonista de La Reina del Sur como víctima de presuntas irregularidades cometidas por autoridades mexicanas
Cuando parecía que Kate del Castillo había conseguido un avance importante en su batalla legal contra el Estado mexicano, el caso volvió a complicarse. La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó el amparo que reconoce a la actriz como víctima dentro de una investigación relacionada con su encuentro con Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2015.
El recurso fue presentado el 14 de octubre y busca revertir la resolución judicial que favorece tanto a la protagonista de La Reina del Sur como a su empresa, Kate del Castillo Productions.
Ahora, un Tribunal Colegiado deberá determinar si mantiene, modifica o revoca la protección concedida a la actriz.
El conflicto se remonta a 2015, cuando Kate del Castillo se reunió con Joaquín Guzmán Loera en Sinaloa para explorar la posibilidad de realizar una película sobre su vida. En aquel encuentro también participó el actor estadounidense Sean Penn.
La reunión desató una investigación de las autoridades mexicanas contra la actriz por presuntos vínculos financieros con el narcotraficante.
Aunque la investigación original concluyó sin que se ejerciera acción penal contra ella, Kate denunció que durante el proceso sufrió una persecución política, filtraciones de información privada y daños a su reputación.
Desde entonces, la actriz ha mantenido diversas acciones legales contra el Estado mexicano.
¿Qué significa el amparo que impugnó la FGR?
En abril de 2025, la defensa de Kate presentó una denuncia contra servidores y exservidores públicos por presuntas irregularidades en las investigaciones anteriores.
Sin embargo, la FGR se negó a reconocer a la actriz y a su productora como víctimas, argumentando que únicamente tenían la calidad de denunciantes y que no habían acreditado un daño directo.
Un juez federal consideró que esa interpretación era restrictiva y ordenó reconocerlas como víctimas, lo que les permitiría consultar la carpeta de investigación y participar en el procedimiento.
La FGR busca revertir esa decisión, por lo que el reconocimiento todavía está sujeto a revisión judicial.
Además de este procedimiento, la actriz mantiene una reclamación contra el Estado mexicano por 60 millones de dólares, como reparación por los daños que asegura haber sufrido a raíz de las investigaciones.
