La soberanía energética exige visión de Estado, rigor técnico y, sobre todo, mucha responsabilidad. Eso es justamente lo que ha dejado en claro la presidenta Claudia Sheinbaum, al abrir un debate serio acerca de la explotación de gas no convencional en México. No se precipitarán decisiones ni se improvisará, solamente se evaluará, con evidencia científica, qué conviene más al país y al pueblo y bajo qué condiciones.
México importa, principalmente de Estados Unidos, alrededor del 75 por ciento del gas que consume. Tal dependencia representa una vulnerabilidad estratégica. Basta mirar lo ocurrido en Europa durante la crisis derivada del conflicto entre Rusia y Ucrania: escasez, alza de precios y presión en hogares, industrias y sistemas eléctricos.
Ningún país que aspire a una verdadera soberanía puede ignorar una fragilidad de ese tamaño. Pero la ruta elegida por el Gobierno de México no consiste en repetir viejos esquemas extractivos ni prácticas depredadoras, como los emprendidos durante el periodo neoliberal.
La Presidenta ha sido contundente al expresar que no se trata de autorizar automáticamente el fracking tradicional, sino de revisar si existen tecnologías nuevas que reduzcan al máximo los impactos ambientales, disminuyan el uso intensivo de agua y sustituyan químicos altamente contaminantes por alternativas biodegradables.
Hay carácter en esta postura, porque gobernar también implica revisar distintas alternativas a la luz de nuevas realidades.
La mandataria, como especialista en energía y medio ambiente, conoce bien la dimensión técnica de este debate. Su trayectoria académica le permite entender que cerrar la puerta a priori sería tan irresponsable como abrirla sin estudios. Por eso convocó a un grupo plural de científicas y científicos de alto nivel, que analizarán viabilidad, costos, riesgos ambientales y efectos sociales.
Ese es el punto central: primero el medio ambiente, primero las comunidades, primero la población. No habrá decisiones impuestas ni proyectos que ignoren a la gente que habita los territorios donde eventualmente pudiera desarrollarse esta actividad. Si una región resulta técnicamente viable, las comunidades participarán en el proceso de consulta e información. Es una diferencia ética profunda frente a los gobiernos neoliberales, que entregaban los recursos nacionales sin preguntar a nadie.
México necesita mirar hacia el futuro. La transición energética hacia fuentes renovables (solar, eólica, geotérmica) sigue siendo prioridad. Pero mientras esa infraestructura crece, el país requiere garantizar suministro estable para los hogares, los hospitales y la industria. La responsabilidad consiste, precisamente, en equilibrar soberanía, sustentabilidad y bienestar social.
Buscar la soberanía energética no implica explotar a cualquier costo, sino decidir con independencia, con ciencia y con responsabilidad. Y en ese terreno, la visión de la presidenta Sheinbaum muestra una combinación de firmeza para defender el interés nacional y prudencia para no comprometer el patrimonio ambiental de las próximas generaciones.
X: @RicardoMonrealA