“Levante la mano quien crea que los recursos de cualquier tipo hoy en México son suficientes para enfrentar, contener y reducir la crisis de desapariciones”. De no haberse agotado el tiempo antes de mi turno al habla, eso es lo que habría planteado a las aproximadamente 50 personas convocadas por Marcela Figueroa, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la reunión celebrada en el CIDE el pasado martes 7 de abril. Puedo afirmar que no hay persona alguna que, honestamente, pueda sostener que con los recursos hoy disponibles -incluso suponiendo el mayor compromiso político posible- estamos en condiciones de resolver esta crisis.
Se trata de un hecho empíricamente verificable todos los días. Tras años de reformas legales, creación de unidades administrativas, protocolos, programas y múltiples acciones acumuladas, las desapariciones continúan sumándose hora con hora, día con día, año con año. Ese es el dato observable; lo que sigue es la postura que cada quien decide asumir frente a él.
En un documento fechado el 19 de marzo, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) informa que ha recibido información que, a su juicio, contiene indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica en México de forma generalizada o sistemática. Tras solicitar al Estado parte la información pertinente sobre esta situación, el Comité decidió llevar la cuestión, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por conducto del Secretario General (https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CED%2FC%2FMEX%2FA.34%2FD%2F1&Lang=en).
¿Por qué México y por qué ahora? Las respuestas están en la historia verificable del diálogo entre el CED y el Estado mexicano. México ratificó la Convención en 2007 -año que coincide, por cierto, con el inicio de la crisis de violencia-, y desde 2012 se han acumulado intercambios constantes, incluidos procedimientos de acción urgente y comunicaciones individuales. En 2021 el país aceptó la visita del Comité y, finalmente, en 2025 este tomó la decisión antes referida, hecha pública el pasado 2 de abril.
Esta es la principal conclusión del CED: “En vista de la información recibida al amparo del artículo 34 y de toda la información reunida desde el inicio de su interacción con el Estado Parte en 2012, el Comité concluye que existen indicios bien fundados de que las desapariciones forzadas se han perpetrado y se siguen perpetrando en México como crímenes de lesa humanidad, mediante varios ‘ataques’ generalizados o sistemáticos en distintos lugares y momentos, dirigidos contra la población civil, de conformidad con políticas estatales u organizacionales [...]”.
Y agrega: “El Comité concluye que, aunque se están produciendo varios ‘ataques’ y crímenes de lesa humanidad en el territorio de México, no hay indicios fundados de que exista, a nivel federal, una política para la comisión de tales actos, ya sea por acción deliberada u omisión”.
La grandeza en la política implica visión de largo plazo, capacidad de transformar realidades y construcción de legados duraderos. Quien ejerce la grandeza política cambia el curso de su país o de su época, edifica instituciones y articula narrativas que trascienden su tiempo. Si la presidenta Sheinbaum abriera plenamente la puerta a Naciones Unidas para recibir toda la asistencia necesaria en materia de desapariciones, consolidaría su lugar bajo esta perspectiva.
Conversando sobre esto en nuestro programa Ni plata ni plomo (https://open.spotify.com/episode/4kVBzjwNXOSYVDB6SMHI2J?si=aff02987504b4394) el miércoles pasado, concluimos que lo que el momento exige es precisamente eso: grandeza política. Es decir, una respuesta de dimensiones históricas ante un señalamiento de tal magnitud por parte de la ONU. La presidenta Claudia Sheinbaum -como cualquiera puede advertir- enfrenta una crisis que ha rebasado con mucho las capacidades instaladas.
Tiene frente a sí dos puertas: en una se lee “compasión y grandeza política”; en la otra, “indiferencia”. La puerta que decida abrir dibujará una parte importante de su legado de manera imborrable.